El Ministerio de Hacienda alertó este 26 de octubre acerca de la compleja situación económica que atraviesa el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), entidad encargada de las pensiones y la salud de miles de docentes y sus núcleos familiares. Por medio de una grabación publicada por la Presidencia de la República, el jefe de la cartera, Miguel Gómez Martínez, calificó esta situación como la problemática más compleja recibida de la administración anterior, precisando que el faltante económico alcanza los 2,7 billones de pesos.
Durante su intervención, el funcionario indicó que el costo anual por la atención en salud de un docente llega a los 7 millones de pesos, una cifra muy superior a los 2 millones que registra el sistema de salud público tradicional. Asimismo, enfatizó que existen marcadas desproporciones en la operación y un servicio deficiente, argumentos fundamentados en informes previos de la Contraloría General de la República sobre anomalías al interior de la entidad. Por su parte, la administración actual, mediante la iniciativa institucional #ElGobiernoDeLaVerdad, aseguró que trabaja en la recuperación financiera del fondo con el fin de asegurar un servicio óptimo y transparente para los profesores.
Reportes de los entes de control y medidas adoptadas
Esta advertencia coincide con informes recientes emitidos por distintas entidades de fiscalización. La Superintendencia de Salud reportó pasivos del FOMAG que superan los 2,4 billones de pesos con las redes prestadoras, de los cuales más de la mitad se encuentran en estado de mora crítica al rebasar los 180 días. En paralelo, la Contraloría ha detectado múltiples observaciones de carácter fiscal en los últimos periodos, con detrimentos patrimoniales estimados por encima de los 690.000 millones de pesos, mientras que el patrimonio de la institución se situaba en terreno negativo sobre los 3,2 billones hacia la mitad de 2026.
Para mitigar parte de este déficit proyectado para 2026, el Consejo Directivo del fondo aprobó a comienzos de octubre la transferencia de 859.000 millones de pesos desde el rubro pensional hacia el sector de salud, aunque el faltante económico sigue siendo considerable.
Ante este panorama, la administración del presidente Abelardo de la Espriella dispuso la realización de revisiones y auditorías sobre la entidad operada por Fiduprevisora. Adicionalmente, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, pidió adelantar una auditoría forense para esclarecer posibles irregularidades. Las autoridades señalaron que, de no implementarse nuevas acciones de contingencia, los fondos actuales apenas garantizarían la continuidad del servicio hasta el mes de noviembre.
