Tras una maratónica sesión que superó las doce horas de debate, la plenaria de la Cámara de Representantes dio su visto bueno a la ley de sometimiento con un total de 95 votos a favor y 10 en contra.
Como los congresistas respaldaron exactamente el mismo texto que ya había aprobado el Senado de la República, la iniciativa completó exitosamente su paso por el Congreso y quedó lista para recibir la firma presidencial.
Al término de la votación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que durante el debate legislativo se garantizaron los espacios de participación para los partidos de oposición, logrando incluir varias de sus proposiciones en el articulado final.
“Creo que aunque haya muchas personas de la oposición con una molestia, creo que se le dieron todas las garantías. El gobierno también recibió proposiciones de ellos, se incorporaron, pero obviamente era un proyecto del gobierno y se obtuvo el respaldo después de un amplio debate”, manifestó el jefe de la cartera de Justicia.
El funcionario también recalcó que el texto no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de procesos de extradición, a la vez que fija normas estrictas para la entrega de bienes por parte de los criminales que se acojan a la norma.
Respecto a posibles imprecisiones en el texto, Cancino admitió que ninguna ley es infalible, pero destacó el esfuerzo minucioso de dos equipos de trabajo gubernamentales en la redacción.
“Creo que ahí no vamos a encontrar, esperemos ningún error, ya estarán aquí revisando, mañana se publicará y esperemos que se sancione y sea ley de la República el día 4 de noviembre del año 2026, la primera ley del gobierno de Abelardo De La Espriella”, añadió.
Cambios en el modelo de justicia
Por su parte, el representante a la Cámara Daniel Briceño, quien fungió como ponente de la iniciativa, afirmó que esta aprobación marca el final de la política de paz total del gobierno pasado para dar paso a un mecanismo diferente de sujeción a la justicia.
“Primero, no habrán gestores de paz. Segundo, no habrán mesas de negociación. Tercero, no se le suspenderá a nadie aquí la orden de captura ni la extradición”, aseveró el congresista, puntualizando además que los implicados en reclutamiento de menores quedarán excluidos de los beneficios.
Modificaciones y rebajas de penas
Durante la discusión parlamentaria se endurecieron los requisitos para acceder a reducciones de condena. Específicamente, para delitos como lavado de activos y testaferrato, la pena mínima de cárcel requerida para optar por beneficios judiciales pasó de uno a seis años.
Asimismo, se ratificó la prohibición de recibir tratamientos penales diferenciados para aquellos procesados o condenados por reclutar menores de edad.
En materia de sanciones, el articulado contempla los siguientes puntos clave:
- Rebajas punitivas de hasta el 50 % para los miembros rasos de las estructuras criminales.
- Reducciones de hasta el 30 % para cabecillas y mandos medios, garantizando que la pena efectiva no sea menor a diez años de prisión.
- Eliminación definitiva del artículo 25, que permitía el uso de gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Con la unificación de los textos en ambas corporaciones legislativas, la iniciativa culminó su trámite en el Congreso y se encuentra a la espera de convertirse oficialmente en la ley de la República.
