La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, desestimó los señalamientos hechos por el congresista del Pacto Histórico Wilson Arias, quien había asegurado que el anterior mandato adquirió 647 terrenos para comunidades campesinas y que la actual jefatura de Estado, encabezada por Abelardo de la Espriella, frena su asignación por motivos políticos afines a la criminalidad.
Balance de adquisición y escrituración
A través de una intervención difundida en plataformas digitales, Garrido contradijo la versión del legislador y presentó un balance sobre las gestiones efectuadas en el período previo. La titular de la entidad detalló que en el año 2024 se desembolsó un billón de pesos hacia la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con el objetivo de incorporar 546 inmuebles. No obstante, precisó que durante un lapso de dos años únicamente se legalizó el traspaso de cinco de ellos mediante escritura pública.
Garrido calificó este desenlace como «una vergüenza» y sostuvo que la incapacidad institucional para formalizar dichas entregas derivó en la ocupación de hecho de varios de esos terrenos.
Cuestionamientos a avalúos y vocación del suelo
La funcionaria designada por la actual administración también reportó supuestas anomalías en los precios tasados y en la clasificación del uso de la tierra durante el proceso de compraventa. Entre los casos expuestos mencionó un terreno ubicado en Restrepo (Meta), sobre el cual se habría pretendido pagar 400 millones de pesos por hectárea, y otro en Simijaca (Cundinamarca), cotizado en 65 millones de pesos por hectárea.
Asimismo, la directora indicó que se intentaron negociar predios emplazados en zonas de reserva ambiental, corredores industriales o sectores recreativos, los cuales no cumplían con las condiciones requeridas para la redistribución rural.
«Nosotros no vamos a entregar tierras con actas improvisadas para conseguir votos, como lo hizo su gobierno en segunda vuelta. Vamos a entregar tierras productivas con escrituras y verdadera seguridad jurídica», sentenció Garrido en su mensaje al senador.
Revisión de predios y llamado a investigaciones
Frente a la postura de Arias, quien mantiene que el gobierno en funciones busca favorecer a redes ilegales al dilatar las asignaciones, la directora de la ANT enfatizó que la entidad lleva a cabo una auditoría exhaustiva sobre cada predio. El propósito señalado es proteger los recursos públicos de compras dirigidas a fincas de descanso o condominios.
Por último, Garrido sugirió al parlamentario consultar al anterior director de la agencia sobre diversas transacciones relacionadas con el Fondo de Reparación de Víctimas, al tiempo que ratificó que el gobierno de Abelardo de la Espriella continuará con la reestructuración de la política agraria con el fin de otorgar títulos de propiedad con plena validez legal.
