La titular de la Defensoría del Pueblo, Iris Marín Ortiz, exhortó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación a tramitar de manera preferente las pesquisas en torno a las declaraciones entregadas por Deicy Jiménez. La mujer denunció que el expresidente Gustavo Petro presuntamente entregó vinculaciones contractuales en entidades estatales a cambio de relaciones íntimas. Frente al caso, Marín Ortiz advirtió: “La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”.
Asimismo, la funcionaria subrayó la necesidad de que los órganos judiciales y de control obren con plena independencia y velen por la seguridad de quienes resulten afectadas.
“Las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”, puntualizó la defensora.
Los señalamientos sobre contratos estatales
El llamado de la Defensoría se da a raíz de una entrevista concedida por Jiménez a la revista Semana, en la cual afirmó que accedió a órdenes de prestación de servicios en dependencias públicas gracias a la intermediación directa del entonces mandatario. “Sí, empieza a ayudarme con contratos, nunca me dio dinero. En el Senado, con María José Pizarro. Y en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”, declaró Jiménez.
La denunciante sostuvo que sus nexos laborales con el Estado se prolongaron por cerca de un lustro e involucraron a otras dependencias: “En el Ministerio del Interior. Con Armando nunca hablé. Sé que él sabía que yo iba recomendada, pero no creo que sepa nuestra relación tan íntima”, indicó en alusión al exministro de esa cartera, Armando Benedetti.
Jiménez insistió en que las contrataciones estaban supeditadas a contraprestaciones de índole sexual. “Él usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, recalcó, advirtiendo que su caso no habría sido aislado: “Son muchísimas mujeres. Podríamos contar entre 30 y 40”.
Presuntas amenazas y uso de recursos del erario
De acuerdo con su testimonio, varias de las involucradas—en su mayoría jóvenes bachilleres y vinculadas al modelaje webcam—habrían quedado aseguradas en nóminas oficiales antes de concluir el cuatrienio presidencial. “Sí, incluso antes de salir las dejó ubicadas en planta. En la Superintendencia de Salud, en la Presidencia, en el Congreso, en muchos lugares”, aseveró.
También denunció la existencia de intimidaciones hacia el grupo de mujeres: “Había unas mujeres amenazadas por él. De muerte, seguramente para que no hablen. Sí, hay unas que han querido hablar, pero él las tiene calladas con dinero”. Frente a los pagos, recalcó:
“El sexo no lo pagaba con su propio sueldo. No, de su bolsillo no”, manifestando que los beneficios económicos procedían presuntamente del erario.
En otro apartado de la entrevista, Jiménez relató que durante sus encuentros con Petro supuestamente se presentaba consumo de estupefacientes: “Aparte del romance, cosas como drogas. Todo, pero en especial cocaína”. Incluso aseguró que, durante la época en que ejercía como senador, el exmandatario le encomendó adquirir sustancias con dinero en efectivo que habría llegado a manos de una red criminal: “Él me dio plata, en efectivo, tres millones de pesos. La traje por el aeropuerto”.
Ruta de seguridad y medidas cautelares
A raíz de los temores expresados por la testigo sobre su integridad física, la mujer acudió al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en busca de amparo. En respuesta, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP) activaron los protocolos correspondientes para verificar su nivel de riesgo y coordinar el esquema respectivo, confirmando que la medida busca salvaguardar su vida de forma inmediata.
