El senador Enrique Gómez, integrante del Movimiento Salvación Nacional, defendió este jueves la iniciativa de acto legislativo con la que pretende recortar el periodo de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a un tiempo máximo e improrrogable de diez años, estableciendo su clausura en marzo de 2028. La propuesta ya superó su primer examen en la Comisión Primera del Senado e incorpora una disposición transitoria para que los procesos pendientes pasen a manos de otra autoridad judicial, facilitando la definición legal de miles de excombatientes rasos y miembros de la Fuerza Pública.
Durante una intervención y a través de un video difundido en plataformas digitales, Gómez detalló que la medida modifica el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017. La normativa vigente estipula un ciclo inicial de diez años —contado desde el inicio de operaciones de las salas el 15 de marzo de 2018— junto con una prórroga posible de cinco años para finalizar la labor jurisdiccional, la cual se activaría mediante ley a petición de los magistrados. Con la modificación se suprimen dichas extensiones, dejando el plazo decenal como definitivo.
“Hemos planteado un artículo transitorio que permita que la justicia transicional siga viva, pero que lo gestione otro operador judicial, y así resolver la situación jurídica de miles de guerrilleros razos y soldados”
En su conversación con LAFM, el congresista indicó que se busca un mecanismo rápido, económico y eficiente, especialmente para despejar las dudas de quienes comparecen sin mando y, de manera separada, de los principales responsables de delitos de lesa humanidad. El articulado que tramite el Parlamento se encargaría de definir el régimen de transición para los expedientes abiertos al expirar el plazo, asegurando su continuidad ante la justicia común bajo los parámetros del modelo transicional.
El proyecto recibió luz verde en su primer debate el pasado 28 de octubre, registrando entre 10 y 11 votos afirmativos y ninguno en contra, posterior a la salida de los legisladores de la oposición, en su mayoría pertenecientes al Pacto Histórico. A la iniciativa le restan todavía siete debates para completar el proceso de reforma constitucional. Gómez, vinculado al sector del gobierno de Abelardo de la Espriella, ha cuestionado la productividad de la JEP, señalando un bajo número de fallos de fondo frente a unos 37 subcasos, además de los elevados egresos destinados a planillas y contratación de servicios.
Por su parte, el tribunal de paz mostró su inquietud frente al proyecto. Mediante un comunicado emitido tras la votación en comisión, advirtió que acortar el tiempo en cinco años y reubicar los expedientes pondría en riesgo los derechos de las víctimas, anularía la etapa de cierre judicial —que abarca el juicio a máximos responsables, la imposición de sanciones y la resolución de casos de unos 10.000 comparecientes que no tienen ese estatus— y abriría la posibilidad de reactivar la vigilancia por parte de la Corte Penal Internacional. Entre tanto, sectores opositores han respaldado el diseño original del Acuerdo de Paz de 2016 como salvaguarda de la seguridad jurídica y la justicia transicional.
La discusión en el Congreso avanza en medio de cuestionamientos sobre el desempeño y los recursos del tribunal constituido tras el pacto con las FARC, mientras la propuesta legislativa insiste en un cierre definitivo acompañado de salvaguardas de transición para evitar expedientes inconclusos.
