A través de una auditoría forense iniciada el pasado 7 de agosto, el Ministerio de Vivienda identificó serias inconsistencias en iniciativas de acueducto y alcantarillado en Riohacha, Buenaventura y Ciénaga. El titular de la cartera, Jaime Andrés Beltrán, advirtió que estos compromisos, vinculados a la gestión del expresidente Gustavo Petro y valorados en más de $9.000 millones, serán remitidos a las autoridades competentes para que se determinen responsabilidades.
Sin ejecución en La Guajira
Uno de los puntos más críticos se ubica en Riohacha. Allí, en 2021, se pactó un convenio por aproximadamente $30.000 millones enfocado en mitigar las inundaciones provocadas por el invierno mediante obras de saneamiento básico. No obstante, las faenas jamás arrancaron.
"¿Y sabe qué es lo más grave? No hay nada. Nada de obras, 0 % de avance. El ministerio habría girado más de $3.600 millones, pero los trabajos nunca comenzaron", manifestó Beltrán.
Crédito internacional estancado en el Valle
La situación en Buenaventura involucra un endeudamiento externo superior a los 76 millones de dólares tramitado en 2019 con el fin de optimizar el suministro hídrico y el drenaje urbano. El funcionario reprochó la falta de resultados pese al costo que asume el Estado.
"¿Y qué tenemos hoy? Más de 2 millones de dólares en costos financieros y, además, hay que dejar plata del presupuesto guardada para ese préstamo. ¿Obras? Ninguna", enfatizó el ministro, agregando que "el país pidió prestada la plata para llevar agua y alcantarillado a Buenaventura, pero las intervenciones nunca comenzaron".
Fallas de planeación en el Magdalena
En cuanto a Ciénaga, el proyecto trazado en 2021 para rehabilitar la red de acueducto se encuentra completamente detenido desde inicios de este año. La parálisis obedece a deficiencias en la coordinación y estructuración previa, sin que al momento se disponga de una ruta técnica o presupuestal para reactivarlo.
Beltrán ratificó que estos expedientes pasarán a manos de los entes fiscalizadores para verificar posibles anomalías en el uso de los dineros públicos, en medio de la compleja coyuntura fiscal que afronta Colombia. Según concluyó, la directriz impartida por el presidente Abelardo de la Espriella es tajante: "cada peso debe cuidarse y cada obra debe responderle a la gente".
