Al cumplirse cinco años desde la notificación del histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de Jineth Bedoya Lima, el Estado colombiano todavía tiene tareas inconclusas en materia judicial y en la prevención de la violencia de género contra trabajadoras de la prensa.
La decisión internacional, emitida el 26 de agosto de 2021 y comunicada de manera oficial el 18 de octubre de ese mismo año, condenó a Colombia por su responsabilidad en el secuestro, las torturas y los ultrajes sexuales perpetrados contra la comunicadora, además de reprochar la negligencia institucional durante las investigaciones de los hechos.
Progresos en memoria y pedagogía
Durante este período se han materializado algunas de las órdenes de reparación dispuestas por el tribunal internacional. Entre ellas resalta la inauguración, en abril de 2026 en Bogotá, del Centro Investigativo y de Memoria No Es Hora de Callar, una sede concebida para la conservación de la memoria histórica, la investigación y la atención integral a periodistas y víctimas de crímenes sexuales.
En esa misma línea, el proyecto estatal No Es Hora de Callar logró graduar en agosto de 2026 a su primera cohorte de 180 servidores públicos, procedentes de diversas zonas de Colombia, capacitados para brindar una atención adecuada a quienes han sufrido este tipo de agresiones.
Sanción a determinadores: la gran deuda pendiente
Pese a las acciones pedagógicas y de memoria, la reparación integral sigue a medio camino. De acuerdo con el balance expuesto por la propia periodista al cumplirse este quinto aniversario, una de las mayores urgencias radica en identificar, procesar y castigar judicialmente a la totalidad de los autores, en especial a los determinadores o autores intelectuales del ataque.
El dictamen internacional también amparó a Luz Nelly Lima, madre de la reportera, reconociendo las afectaciones derivadas de décadas de lucha por el esclarecimiento del crimen, e instruyó al país a fortalecer sus protocolos para resguardar a las comunicadoras.
En 2025, con ocasión de un proyecto transmedia vinculado a su causa, Bedoya destacó la sentencia como un precedente jurídico fundamental para las reporteras del continente y para quienes han sobrevivido a la violencia sexual. No obstante, medio decenio después, la eficacia del mandato internacional se mantiene condicionada a que las órdenes se traduzcan en condenas reales y una efectiva desarticulación de la impunidad.
