La compleja situación de orden público en el departamento del Huila continúa encendiendo las alarmas, debido a los recientes hostigamientos contra uniformados y la multiplicación de extorsiones a comerciantes. Según denunció Horacio Nicolás Montes, abogado, líder regional y asesor jurídico de la Comisión de Paz en la Cámara de Representantes, la región ha sido blanco de 11 atentados violentos durante el último trimestre, motivo por el cual exigió al Gobierno Nacional materializar el respaldo prometido a las autoridades en el territorio.
Montes advirtió que en un lapso de solo 24 horas se presentaron acciones delictivas en las poblaciones de Palermo, Teruel e Íquira. Asimismo, denunció que la población civil sigue sufriendo el flagelo del chantaje económico, como ocurrió con el ataque dirigido hacia una droguería en el municipio de Algeciras.
«La seguridad de nuestros municipios está bajo una presión que no podemos minimizar ni siquiera normalizar»
Frente a este escenario, el jurista solicitó que se hagan efectivas las garantías anunciadas previamente en Neiva, entre las que destacan la reactivación del Frente de Despliegue Rápido (Fudra) en la zona y la dotación de tecnología antidrones para contrarrestar los artefactos que utilizan los grupos al margen de la ley en sus incursiones.
El asesor resaltó la labor de los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, insistiendo en que deben recibir el equipamiento adecuado para neutralizar a la delincuencia organizada.
«Nosotros creemos en nuestro Estado y el Estado debe ser contundente al atacar y demostrar la fuerza que debe tener en contra de los delincuentes»
Montes explicó además que la posición geográfica del Huila lo convierte en un punto clave de conexión con Cauca, Caquetá y Putumayo, departamentos con amplia presencia de estructuras criminales y corredores de narcotráfico. Para dimensionar el riesgo, trajo a colación graves antecedentes del conflicto en la zona, entre ellos el ataque al edificio Miraflores, la toma a Garzón y el asesinato de los concejales de Rivera.
Aunque prefirió no atribuir las recientes acciones a una estructura ilegal específica —dejando la tarea investigativa en manos de la Fiscalía y la justicia—, el portavoz enfatizó que la zozobra se extiende día a día al sector comercial y comunitario.
«Confiamos plenamente en nuestra fuerza pública»
Por último, reiteró que la tranquilidad de los huilenses dependerá de la celeridad y eficacia con la que el Estado dote y respalde a sus uniformados.
