Al término de las movilizaciones convocadas por sectores de la oposición este miércoles 14 de octubre, el Ejecutivo entregó un parte general que incluye la detención de seis personas y seis intervenciones policiales en distintas ciudades de Colombia.
El balance fue presentado por el presidente Abelardo De La Espriella desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) y la sala de crisis de la Casa de Nariño. De acuerdo con el jefe de Estado, el 98 % de las marchas se realizó de forma pacífica, registrando una concurrencia cúspide de 62.000 ciudadanos en el punto con mayor afluencia.
Detenciones y despliegue policial
La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) tuvo que actuar en seis sectores del país: dos ocasiones en Bogotá, dos en Ibagué, una en Popayán y una más en Medellín.
En cuanto a las capturas, las autoridades reportaron tres casos en Montería, dos en Ibagué y uno en Pasto. El mandatario precisó que los involucrados fueron interceptados en flagrancia cometiendo actos vandálicos, entre los que figuran grafitis y agresiones dirigidas contra paraderos, estaciones y un articulado de TransMilenio.
Impacto en Bogotá y orden público en regiones
En la capital del país, con corte a las 5:00 p. m., el sistema TransMilenio confirmó afectaciones en dos buses troncales, destrozos en las estaciones Bicentenario, Perdomo y San Diego, además de daños en dos paraderos zonales sobre la calle 45, entre carreras 13 y 14. Las complicaciones operativas impactaron los recorridos de al menos 421.593 usuarios.
Hacia la noche se presentaron choques adicionales en el centro de Bogotá, en el sector del Parque de los Periodistas y el Eje Ambiental, lo que requirió la contención de uniformados de la UNDMO.
En el resto del país también hubo desmanes focalizados. En el parque Manuel Murillo Toro de Ibagué, frente a la Gobernación del Tolima, las unidades antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y aturdidoras para dispersar a quienes participaban en desórdenes. De igual forma, en Popayán y Medellín se presentaron refriegas que hicieron obligatoria la acción de las autoridades.
Al concluir su declaración, De La Espriella insistió en que el Estado continuará garantizando el derecho a la movilización pacífica, aunque fue enfático en señalar que se judicializará a quienes incurran en acciones violentas.
