Jhony Batalla, representante legal de Eva Ferrer, se reunió con la fiscal a cargo de la investigación para establecer los requerimientos necesarios que permitan la comparecencia de su clienta. El jurista aclaró que las postergaciones previas no responden a una negativa de cooperar con los estrados judiciales, sino a temores por su integridad física, y confirmó que la exfuncionaria se encuentra fuera de territorio nacional.
"Vengo a coordinar ese tema para que ella dé la declaración que tiene que dar y aporte las evidencias que tiene que entregar", expresó el defensor, añadiendo que, hasta donde tiene conocimiento, la exconsejera abandonó el país tras la entrevista concedida al medio Semana.
Asimismo, Batalla recalcó que las declaraciones de Ferrer estarán sustentadas con medios probatorios susceptibles de ser puestos a disposición de los investigadores. "El sistema penal se nutre de evidencia. Nadie puede dar una declaración, sobre todo, de esas magnitudes sin evidencia. Entonces, a ella le tocará entregar evidencia a la Fiscalía", puntualizó.
Este proceso judicial surge a raíz de las denuncias formuladas por Ferrer sobre supuestos episodios de corrupción, tráfico de influencias y posibles transacciones irregulares de dinero, estupefacientes y armamento entre Colombia y Venezuela. Actualmente, el ente acusador adelanta pesquisas por diversos acontecimientos vinculados a la divulgación de grabaciones y a los señalamientos públicos.
Investigación por corrupción y exigencia de protección
El litigante también mencionó un expediente que cursa en la Fiscalía 76 delegada para la lucha contra la corrupción, originado por una querella interpuesta por un congresista del partido Centro Democrático a raíz de los audios filtrados. Batalla calificó los hechos como penalmente significativos en caso de comprobarse, pero reiteró que su representada requiere condiciones mínimas de seguridad para rendir testimonio.
"Entonces, a Eva no la pueden simplemente citar a la Fiscalía sin decirle: mire, vamos a manejarle un esquema de seguridad, usted va a tener protección, venga, por favor, declare, pero eso no ha sucedido", aseveró.
De igual forma, la defensa indicó que Ferrer mantiene su disposición de colaborar tanto con las autoridades colombianas como estadounidenses, o de cualquier otra jurisdicción que lo solicite, debido a la posible dimensión transnacional de los casos indagados. "Dispuesta a entregar declaración y evidencia, tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos, o donde la requieran", indicó el abogado.
En relación con los amedrentamientos, el apoderado indicó que no es posible precisar de dónde provienen, aunque estimó que la presión en contra de su defendida pudo intensificarse tras la difusión de las grabaciones. Por el momento, la estrategia jurídica se centra en pactar los protocolos de protección indispensables para que la exconsejera aporte las pruebas que posee.
