La puesta en marcha de la sede diplomática de Colombia en Jerusalén Este generó una fuerte oposición por parte de la Liga Árabe y de la colectividad colombo-palestina, sectores que cuestionaron las consecuencias legales y geopolíticas de la determinación adoptada por la administración del presidente Abelardo De la Espriella, al tiempo que exigieron dar marcha atrás a la medida.
Rechazo desde El Cairo
Por medio de un pronunciamiento emitido desde su sede en la capital egipcia, la Liga Árabe —compuesta por 22 naciones— calificó de inaceptable la inauguración de la oficina consular y argumentó que esta vulnera el carácter jurídico e histórico de Jerusalén Este, zona bajo ocupación israelí desde 1967 que el bloque reconoce como parte fundamental de Palestina.
El organismo multilateral señaló que este tipo de acciones unilaterales van en contravía de los mandatos internacionales, menoscaban los derechos fundamentales de los palestinos y obstaculizan los diálogos orientados a consolidar la paz bajo la premisa de los dos Estados. En consecuencia, exhortó al Ejecutivo colombiano a revocar la medida y acatar los preceptos de la Organización de las Naciones Unidas.
Preocupación local
En el ámbito nacional, la comunidad colombo-palestina manifestó su enérgico rechazo a la apertura de la legación. A través de un comunicado titulado ‘Jerusalén no puede ser escenario de decisiones unilaterales: Colombia debe defender el derecho internacional y la paz’, advirtieron que esta política aparta al país de su histórica línea diplomática favorable a la salida pacífica del conflicto.
Asimismo, los colectivos sostuvieron que la jugada diplomática resta solidez a los diálogos de paz, merma el prestigio exterior de la nación y emite una señal desacertada frente a los cuestionamientos globales que recaen sobre las acciones de Israel en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental.
Demandas consulares y transparencia
La asociación alertó sobre las posibles afectaciones a los habitantes de Palestina e interpeló al Palacio de San Carlos por la falta de claridad en los motivos jurídicos y estratégicos del traslado. Como punto central, exigieron que la Cancillería asegure la cobertura consular para unos 1.500 ciudadanos colombianos radicados en Cisjordania.
De acuerdo con la agremiación, dichos connacionales padecen trabas de movilidad impuestas por Israel que les imposibilitan llegar hasta Jerusalén, una circunstancia operativa que, a su juicio, debió contemplarse antes de poner en marcha la nueva misión diplomática. Por último, reiteraron la exigencia de que el Gobierno detalle públicamente los argumentos legales y geopolíticos que respaldaron la decisión.
