La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo un llamado formal a la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, con el fin de que retracte de forma pública las afirmaciones que hizo respecto a un supuesto uso excesivo de recursos en desplazamientos por parte del tribunal, luego de que la congresista afirmara que la entidad había gastado más de $56.000 millones en este rubro.
Como réplica, el tribunal de paz aclaró que los $56.435 millones que se ejecutaron en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2026 no se destinaron a turismo, sino a respaldar más de 21.425 labores de carácter judicial y misional en 337 municipios localizados en 31 departamentos del territorio nacional.
De acuerdo con la información entregada por la JEP, el presupuesto se dividió en $25.425 millones para pasajes aéreos, $20.501 millones destinados a viáticos y $10.193 millones en gastos de traslado. Asimismo, la institución puntualizó que el 98,87 % de los tiquetes, junto con la totalidad de los viáticos y traslados, se emplearon en operaciones dentro de Colombia, tales como diligencias judiciales, apoyo a víctimas y testigos, labores de exhumación, entregas dignas y jornadas para la acreditación de afectados por el conflicto.
Detalles sobre los desplazamientos al exterior y recortes
En lo que respecta a los viajes internacionales, el organismo dio a conocer que entre 2018 y 2026 se costearon 61 comisiones oficiales fuera del país, por un valor total de $286,4 millones. Según sus registros, dichos tiquetes equivalieron al 1,13 % del gasto global en pasajes. Adicionalmente, el tribunal desmintió la cifra de 75 viajes divulgada a través de medios de comunicación y redes sociales, y recalcó que durante el año 2026 no se llevó a cabo ninguna misión internacional bajo criterios de austeridad.
La JEP argumentó que estas salidas tuvieron como finalidad la exposición de informes ante instancias internacionales, la intervención en audiencias y procesos judiciales, la atención a víctimas residentes en el extranjero y la asistencia a encuentros con organizaciones como la Corte Penal Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización Internacional para las Migraciones.
Igualmente, la entidad salió en defensa de dos traslados que habían sido objeto de cuestionamientos públicos. En relación con el viaje de 14 días a París, Ginebra y La Haya, efectuado entre noviembre y diciembre de 2025 por el presidente de la corporación, el magistrado Alejandro Ramelli, y su grupo de trabajo, la JEP señaló que obedeció a invitaciones de instituciones extranjeras que exigían su presencia. Respecto a la comisión a Nueva York en julio de ese mismo año, recordó que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la revista Semana rectificar información imprecisa vinculada con dicho desplazamiento.
Defensa institucional y reporte de ahorros
Durante su pronunciamiento, el tribunal desaprobó los señalamientos que calificó como inexactos o tendenciosos, advirtiendo que este tipo de versiones buscan restarle credibilidad a su labor, así como menoscabar su presupuesto, sus atribuciones y su periodo constitucional. Como respaldo a su administración, la JEP indicó que ha superado siete auditorías por parte de la Contraloría General de la República y ha entregado 14 informes a la Procuraduría General sin que se registren hallazgos de índole disciplinaria, fiscal o penal.
Por último, la jurisdicción reportó reducciones en el gasto por $21.760 millones entre 2024 y julio de 2026, de los cuales $3.161 millones correspondieron al primer año, $9.956 millones a 2025 y $8.642 millones a lo que va corrido de 2026. La mayor parte de estos recortes, equivalente a $12.166 millones, provino de la gestión con el operador logístico. La entidad reiteró el llamado a la senadora Posada para que enmiende sus declaraciones públicas y solicitó que los debates sobre el manejo del erario se realicen utilizando datos completos y su respectivo contexto.
