La Fiscalía General de la Nación fue instada por el ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González, a abrir una indagación sobre los presuntos acercamientos irregulares conocidos como el 'Pacto de Valledupar'. En estos supuestos encuentros, se habrían prometido prerrogativas judiciales a excomandantes paramilitares a cambio de enlodar a reconocidas personalidades de la política nacional.
La petición, remitida a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón este 19 de octubre de 2026, busca determinar la veracidad de los hechos y establecer eventuales responsabilidades penales o disciplinarias.
Las denuncias sobre testimonios dirigidos
El requerimiento ministerial recopila informaciones divulgadas por la otrora directora del DAPRE, Angie Rodríguez; una columna del comunicador Melquisedec Torres en El Colombiano; y declaraciones del jurista Juan Carlos Villamizar en Caracol Radio. Conforme a estos relatos, las reuniones se habrían efectuado en la capital del Cesar hacia finales de 2025, congregando a exjefes de las autodefensas como Héctor Germán Buitrago (alias 'Martín Llanos'), Saúl Alfonso Severini y Darío Laíno Scopetta.
El propósito de dichos acercamientos, según las versiones expuestas, consistía en conseguir declaraciones incriminatorias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el jurista Abelardo de la Espriella. Como contraprestación, presuntamente se les planteó gestionar su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su excarcelación o mejoras sustanciales en su reclusión penitenciaria.
Versión de los testigos y dudas en el cronograma
El abogado Juan Carlos Villamizar, apoderado de Salvatore Mancuso, afirmó haber estado presente y relató que la cita fue convocada inicialmente para debatir sobre la reactivación del proceso de Santa Fe de Ralito. Sin embargo, aseguró que en el recinto se les exigió inculpar a los tres dirigentes. Villamizar señaló a Angie Rodríguez y al entonces asesor de la Presidencia, Víctor de Currea Lugo, como los emisarios que habrían presentado el requerimiento bajo aparentes órdenes del primer mandatario de la época. Pese a ello, el jurista remarcó que los exparamilitares declinaron la propuesta, por lo que desestimó la consumación de cualquier acuerdo.
Dentro del memorial, el titular de la cartera de Justicia hizo énfasis en inconsistencias temporales: mientras reportes basados en la versión de Rodríguez ubican las reuniones en noviembre de 2025, otros testimonios afirman que tuvieron lugar entre el 22 y el 24 de octubre de ese mismo año.
Líneas de investigación solicitadas
Ante tales contrastes, el Ministerio de Justicia consideró indispensable que la Fiscalía clarifique varios aspectos fundamentales:
- La confirmación de la realización de los encuentros, su agenda real y la identidad de los asistentes y convocantes.
- El origen exacto de las directrices y si mediaron presiones o promesas de beneficios penales indebidos a cambio de relatos concertados o mendaces.
- La posible instrumentalización de recursos del Estado, cargos oficiales o canales de la justicia transicional con propósitos contrarios a la ley.
- La recolección de pruebas documentales, tales como bitácoras de ingreso, actas, correspondencia y la ampliación de declaraciones de presuntos testigos presenciales.
