Tras 36 años ininterrumpidos de administración, el Gobierno Nacional tomó la determinación de no prorrogar el contrato fiduciario suscrito entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y Fiduprevisora S.A., cuyo término legal concluye este 31 de octubre. La postura fue concertada de manera unánime entre las carteras de Educación, Hacienda y Trabajo.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, explicó que la decisión obedece a un cúmulo de hallazgos técnicos desfavorables, un saldo patrimonial negativo que alcanza los 3,2 billones de pesos y más de 109.000 reclamaciones acumuladas desde 2024, motivadas primordialmente por trabas en la asignación de citas, demoras en tratamientos médicos e incumplimientos en el suministro de medicamentos.
Para encarar el cambio de modelo, a partir de noviembre se iniciará formalmente un esquema de transición programado a un año, con posibilidad de extenderse por 12 meses más. En dicho lapso, el Ministerio de Educación junto al Consejo Directivo del fondo emprenderán un rediseño de las estructuras administrativas y asistenciales con el fin de corregir los problemas arrastrados en el sistema.
"La no prórroga del contrato no significa, en ningún caso, la afectación de los servicios de salud. Nos comprometemos, con todos los colombianos, con los maestros y sus familias, a asegurarles que en el proceso de transición que se inicia desde el 10 de noviembre, tendrán garantizados sus derechos a la vida y a la salud, así como las pensiones y las cesantías", aseguró la ministra.
Licitación pública, auditoría y vigilancia de entes de control
Dentro de la hoja de ruta fijada, la cartera educativa comenzará a elaborar los pliegos de condiciones para abrir una licitación pública que garantice transparencia en la contratación del nuevo operador. De forma paralela, el ministerio exigió una auditoría forense para examinar la ejecución de los dineros públicos durante las más de tres décadas en las que Fiduprevisora estuvo al frente de los recursos.
El proceso también contará con estricto seguimiento institucional. Se solicitó la veeduría preventiva de la Procuraduría General de la Nación en las mesas técnicas para acompañar la liquidación del contrato y el empalme, mientras que la Superintendencia Nacional de Salud adelantará una inspección exhaustiva sobre la red de IPS prestadoras de servicios para los docentes.
