El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, alertaron que el país podría caer en cese de pagos o default a partir de 2027 si el Congreso de la República no da luz verde a la Ley de Rescate Económico antes de que concluya este año.
Durante una entrevista concedida a la revista Semana, ambos altos funcionarios respaldaron la iniciativa gubernamental y detallaron los motivos que hacen imperativo un recorte en el gasto. Según precisaron, las finanzas de la nación atraviesan un panorama crítico y urgen liquidez para asegurar el funcionamiento operativo del Estado.
“Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default el próximo año”, puntualizó José Manuel Restrepo, al recalcar que tal coyuntura dificultaría el pago de sueldos al personal estatal y la ejecución de programas sociales esenciales.
Por su parte, el jefe de la cartera de Hacienda indicó que el faltante presupuestal que el Ejecutivo busca cubrir oscila entre los 80 y 90 billones de pesos. Gómez recalcó que, sin el ajuste fiscal propuesto, el país sufrirá tropiezos severos para fondear el Presupuesto General de la Nación y sostener el aparato estatal vigente.
“Si no hacemos el ajuste, el año próximo vamos a tener dificultades para financiar el Presupuesto General de la Nación. No vamos a poder pagar las nóminas, no vamos a poder mantener la estructura del Estado como está operando hoy”, aseveró Gómez.
Ejes centrales del ajuste fiscal
El núcleo de la normativa gira en torno al recorte del gasto gubernamental. Los portavoces del Ejecutivo señalaron que el 70 % de dicho ajuste recaerá directamente sobre las instituciones del Estado mediante estrategias orientadas a mermar la burocracia, cortar excesos y combatir la corrupción.
Entre las acciones planteadas figura recortar a la mitad los contratos por prestación de servicios, atar el incremento de las compras públicas exclusivamente a la tasa de inflación y enajenar bienes inmuebles improductivos que hoy generan gastos al erario.
Al respecto, el ministro Gómez enfatizó que el problema financiero nacional no radica en una escasez de capitales, sino en su mala asignación. “El problema no es de plata. Plata hay, pero se está utilizando muy mal”, declaró.
El texto normativo también contempla auditar 260 partidas correspondientes a transferencias monetarias y más de 50 fondos administradores de dineros públicos, con el fin de incrementar la fiscalización estatal.
Cambios tributarios y devolución del IVA
El restante 30 % del saneamiento financiero provendría de modificaciones impositivas. Esto contempla ajustes en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para diversos artículos y servicios que actualmente gozan de exclusiones, exenciones o tarifas reducidas frente al 19 % general.
Ante los reparos por el impacto en el costo de vida, Restrepo y Gómez destacaron el esquema de devolución del tributo, diseñado para cobijar a 36,5 millones de colombianos: unos 19 millones recibirían el reintegro total del dinero y otros 16,5 millones obtendrían hasta el 50 % de lo sufragado.
“Que 36,5 millones de colombianos tengan un beneficio me parece muy significativo”, manifestó Restrepo sobre este mecanismo compensatorio para los hogares de menores recursos.
El titular de Hacienda puntualizó que este sistema empezaría a regir el 1 de enero de 2028, mientras que el año previo se adecuarán las plataformas tecnológicas para posibilitar los reembolsos incluso en comercios que carecen de factura electrónica.
Adicionalmente, se pretende ensanchar la base de contribuyentes del impuesto sobre la renta para personas naturales, fijando el piso para quienes perciban más de cinco millones de pesos al mes. En contraste, la tasa corporativa para el 90 % del empresariado —con énfasis en pymes— bajaría del 35 % al 31 %.
En cuanto a las cotizaciones en salud, Gómez detalló que se mantendrá el aporte del 4 % para los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos, mientras que para los sueldos más altos la tarifa escalará de manera progresiva hasta alcanzar el 8 %.
Tiempos legislativos
Los funcionarios hicieron hincapié en que la iniciativa debe tramitarse con celeridad en el Congreso antes de finalizar el presente año. Aunque el Gobierno prefiere agotar el procedimiento ordinario, el ministro no descartó radicar un mensaje de urgencia si los plazos del Legislativo se estrechan.
“Esta ley debe aprobarse antes de finalizar el año”, insistió el ministro, previniendo sobre los riesgos macroeconómicos de dejar al Estado sin fuentes de financiación.
Por último, Restrepo apuntó que sacar adelante la propuesta resulta indispensable para restablecer la certidumbre entre los mercados internacionales, preservar la viabilidad fiscal y esquivar turbulencias financieras de mayor magnitud.
