A través de 214 entrevistas a sobrevivientes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sacó a la luz las graves vejaciones que sufrían los menores tras ser reclutados a la fuerza por la antigua guerrilla de las Farc, quienes los sometían a exigencias físicas desproporcionadas y a castigos severos por privación de sueño y comida cuando fallaban en la instrucción sobre armas.
La magistrada Lily Rueda señaló que los testimonios recopilados exponen castigos cotidianos por labores como recolectar leña, preparar alimentos, limpiar o abrir trincheras. Asimismo, se sancionaba drásticamente a quienes intentaban comunicarse con sus parientes, se negaban a participar en torturas o consumían un fragmento de panela sin autorización. La funcionaria advirtió que estos abusos llevaron incluso a que varios menores optaran por el suicidio.
Patrón sistemático de violencia y ejecuciones
Dentro de las investigaciones sobre castigos, torturas y muertes, el tribunal de paz registró 104 casos de tortura, 28 de tratos crueles y 208 de sentencias seguidas de ejecución capital sin derecho a la defensa ni procesos regulares.
Adicionalmente, 68 personas relataron los atropellos sufridos en las prácticas militares, donde los obligaban a soportar cargas pesadas, marchas extenuantes y el manejo de explosivos y minas antipersonal sin la instrucción adecuada. De igual forma, 81 testigos afirmaron haber sido enviados al frente de batalla, quedando expuestos al fuego cruzado pese a su falta de experiencia.
En cuanto al impacto de género, el tribunal documentó que al menos 156 mujeres sufrieron anticoncepción obligatoria y 91 fueron víctimas de abortos perpetrados a la fuerza.
«Estos niños y niñas no tenían una posibilidad real de controvertir las órdenes, de cuestionarlas ni de rechazarlas. La disciplina se extendía a sus actividades cotidianas, a sus relaciones personales, a las tareas, a los entrenamientos e incluso a su participación en operaciones militares», puntualizó la magistrada Rueda.
Sanciones sin garantías y magnitud del reclutamiento
El régimen disciplinario aplicado por el grupo armado incluía jornadas de trabajo forzado, aislamiento, agresiones físicas, escarnio público y fusilamientos. Según indicó la togada, los llamados consejos revolucionarios de guerra carecían de los principios fundamentales de legalidad, defensa e imparcialidad.
Entre 1971 y 2016, las extintas Farc reclutaron de manera forzada al menos a 18.677 menores de edad. El Caso 07 cuenta actualmente con 11.319 víctimas reconocidas formalmente y encabeza las labores de búsqueda para dar con el paradero de 533 niños y niñas que siguen desaparecidos.
