Con el tiempo en contra y el fantasma de repetir el tropiezo que obligó a expedir el presupuesto mediante decreto, el Congreso de la República sacó adelante la prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida popularmente como la Ley de Orden Público. De esta manera, concluye la era de la política de Paz Total implementada por el gobierno de Gustavo Petro y da inicio al modelo de sometimiento a la justicia impulsado por el mandatario Abelardo De La Espriella.
Un giro radical en la política criminal
El articulado, compuesto por 30 disposiciones, desmantela por completo el esquema de negociaciones que caracterizó a la administración pasada. En este sentido, se cancelan las mesas de diálogo, los grupos armados ilegales pierden cualquier estatus o reconocimiento político, se eliminan los gestores de paz y la estrategia estatal de seguridad se concentra exclusivamente en dos caminos: la acción de la Fuerza Pública o el sometimiento ante la justicia.
El jefe de Estado sancionará la normativa con el texto definitivo que respaldó el Senado. En dicha corporación legislativa, la discusión debió repetirse debido a los reparos de la oposición petrista, que denunció la falta de radicación y debate reglamentario de la ponencia.
Nuevos requisitos y restricciones para los beneficios
Dentro de las modificaciones avaladas por los senadores sobresale el endurecimiento de los requisitos para obtener rebajas de penas. Tratándose de delitos asociados al lavado de activos, el tiempo mínimo de privación efectiva de la libertad exigido pasó de uno a seis años para poder acceder a dichos beneficios.
Adicionalmente, la nueva normativa prohíbe otorgar tratamientos penales diferenciados a quienes registren condenas por el delito de reclutamiento de menores, o a los responsables de incorporar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años a estructuras criminales.
Esquema de sanciones y condiciones de reclusión
En lo concerniente a los castigos, la ley conserva un modelo proporcional al grado de responsabilidad dentro de las organizaciones. Los miembros rasos podrán conseguir una reducción de hasta el 50 % en sus sentencias, al tiempo que los cabecillas y mandos medios obtendrán una rebaja máxima del 30 %. Pese a esto, las condenas para los jefes criminales no podrán ser inferiores a diez años de cárcel en ninguna circunstancia.
Asimismo, los procesados que se acojan a este marco jurídico cumplirán sus sentencias en establecimientos carcelarios operados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), bajo estrictas medidas de restricción de la libertad.
La única norma suprimida del texto original fue la que contemplaba el uso de gastos reservados pertenecientes al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). De igual forma, se determinó que ni los departamentos ni los municipios cargarán con los costos financieros de los procesos de sometimiento, los cuales quedarán a cargo de la coordinación del Ministerio de Justicia.
Reglas claras y pérdida de derechos políticos
Al concluir el trámite legislativo, tanto el Ejecutivo como los congresistas de la bancada de gobierno recalcaron que las reglas del juego sufrieron una transformación profunda: se anulan las zonas especiales de concentración —los delincuentes purgarán sus penas en cárceles del INPEC—, no se suspenderán órdenes de captura ni de extradición, y tampoco se interrumpirán las operaciones militares ni las negociaciones.
Para finalizar, los individuos que decidan someterse a la justicia sufrirán la pérdida definitiva de sus derechos políticos, quedando inhabilitados para postularse a cargos de elección popular, desempeñar empleos públicos o celebrar contratos con el Estado.
