Este 6 de noviembre de 2026 se cumplen 41 años de uno de los sucesos más dolorosos en la historia moderna de Colombia: la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. La acción armada, ejecutada por el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), y la posterior respuesta militar de retoma se prolongaron hasta el 7 de noviembre de 1985, dejando un saldo trágico de decenas de víctimas fatales, personas desaparecidas y un profundo impacto en las instituciones del país.
La conmemoración revive no solo el recuerdo de los magistrados, empleados judiciales, trabajadores y civiles atrapados en medio del fuego cruzado, sino también el debate político en torno a los responsables del asalto, el proceso de pacificación que facilitó su reinserción a la legalidad y el ascenso de exmilitantes a cargos de alta relevancia en el Estado, incluida la Presidencia de la República.
Cronología de una tragedia nacional
Los hechos iniciaron cerca de las 11:00 a. m. del 6 de noviembre de 1985, cuando unos 35 insurgentes del M-19 irrumpieron por la fuerza en el edificio, situado en la Plaza de Bolívar de la capital, reteniendo a magistrados de las altas cortes, personal judicial, visitantes y empleados de la cafetería.
El plan, estructurado con antelación por la cúpula de la organización subversiva, tenía como objetivo oficial someter a un juicio político al entonces mandatario Belisario Betancur por supuestamente vulnerar los pactos de paz.
No obstante, el operativo derivó en una catástrofe. La intervención de la Fuerza Pública involucró blindados, operaciones de combate e incendios que devastaron gran parte del recinto.
Durante las 48 horas que duraron las hostilidades perecieron alrededor de cien personas, entre las que figuraban jueces, empleados, civiles, guerrilleros y uniformados. Adicionalmente, se documentaron desapariciones forzadas que, más de cuatro décadas después, continúan bajo indagación judicial debido a los reclamos de los parientes.
En medio del caos, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, clamó reiteradamente por un cese al fuego que permitiera una salida dialogada.
La responsabilidad por los crímenes recae en múltiples actores: el M-19 por desencadenar la incursión armada y el secuestro masivo, y agentes estatales por incurrir en graves violaciones a los derechos humanos durante la operación de desalojo, tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones.
De la insurgencia a la reinserción política
Uno de los puntos más debatidos en cada aniversario es la negociación que hizo posible que los miembros del M-19 depusieran las armas e ingresaran a la arena democrática.
Las conversaciones formales arrancaron en 1989, bajo la administración de Virgilio Barco, culminando en la firma de un pacto de paz entre el Ejecutivo y la guerrilla.
A través de la Ley 77 del 22 de diciembre de 1989, el Congreso facultó al Gobierno para otorgar indultos por delitos políticos y conexos en el contexto de la desmovilización.
El acuerdo definitivo se formalizó el 9 de marzo de 1990, concretando la dejación de armas de unos 900 combatientes en la localidad de Santo Domingo, Cauca.
Dicho proceso facilitó el retorno de los exinsurgentes a la legalidad y su participación en contiendas electorales y debates de carácter institucional.
Sin embargo, el indulto no constituyó una amnistía total por todos los crímenes perpetrados por la organización. El marco legal excluyó conductas atroces y delitos cometidos al margen del combate.
Tampoco equivalió a un fallo judicial que esclareciera y determinara responsabilidades individuales por el ataque al Palacio de Justicia, exigencia que los familiares de las víctimas mantienen vigente.
El tránsito hacia las instituciones y la Presidencia
Tras entregar las armas, el M-19 se constituyó como la Alianza Democrática M-19, un movimiento que tuvo un rol determinante en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y en la redacción de la actual Carta Magna.
Figuras visibles de la agrupación asumieron responsabilidades públicas de relevancia. Carlos Pizarro, excomandante guerrillero, aspiró a la Presidencia en 1990, pero fue asesinado el 26 de abril de ese mismo año.
Años más tarde, otro exintegrante del movimiento alcanzaría la jefatura del Estado: Gustavo Petro.
El actual mandatario militó en la organización durante su juventud y posteriormente hizo política institucional al lado de otros excombatientes. En 2022 logró la victoria electoral, transformándose en el primer exguerrillero en ocupar la Casa de Nariño.
Cabe destacar un aspecto histórico fundamental: Petro no tuvo participación en la toma del Palacio de Justicia. Al momento de los hechos se encontraba privado de la libertad, tras ser detenido en octubre de 1985, según constatan pesquisas periodísticas y registros de la Comisión de la Verdad.
Su carrera posterior transcurrió en el escenario democrático y su llegada al poder ejecutivo fue producto de los comicios de 2022 y no de un mandato del grupo armado.
Memoria, justicia y exigencias de los familiares
En la actualidad, las conmemoraciones continúan marcadas por las demandas de los parientes de los afectados, quienes insisten en que el transcurso del tiempo no justifica minimizar las culpas de los actores involucrados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en el caso Rodríguez Vera y otros por las desapariciones forzadas y otras transgresiones cometidas durante el operativo de retoma.
Por su parte, allegados de los magistrados caídos han rechazado la instrumentalización política del suceso, exigiendo que tanto las acciones del M-19 como los abusos estatales sean reconocidos sin ambigüedades.
Para este 6 de noviembre, las cortes programaron la jornada conmemorativa «6 y 7 de noviembre: Memoria, Dignidad y Justicia», que incluye ofrendas florales y homenajes póstumos con acompañamiento de los familiares.
A 41 años de la tragedia, el país sigue reflexionando sobre cómo una estructura armada que atacó la justicia logró reinsertarse en la democracia y llevar a sus antiguos miembros a las más altas esferas gubernamentales.
La clave de este proceso radica en comprender el alcance de los acuerdos de paz y los mecanismos jurídicos de reincorporación, sin dejar de lado el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.
