En el marco de su visita a la ciudad de Leticia, en el departamento de Amazonas, este jueves 5 de noviembre, el presidente Abelardo De La Espriella centró sus cuestionamientos en contra de la administración de Gustavo Petro. El jefe de Estado examinó un contrato de fibra óptica destinado a interconectar poblaciones ribereñas en los ríos Putumayo y Amazonas, señalando que su administración halló amenazas de tipo financiero, ambiental y operativo.
Durante su discurso, el mandatario indicó que el valor de la iniciativa pasó de un cálculo inicial de $683.000 millones en 2025 a sobrepasar los $1,14 billones para 2026, lo que equivale a un incremento del 67 %.
«El gobierno anterior dejó en marcha una licitación para atender fibra óptica por los ríos Putumayo y Amazonas, cuyo costo pasó de 683.000 millones de pesos en 2025 a más de 1,14 billones en 2026. Es decir, un 67 % más. Con incertidumbre financiera y riesgos ambientales, posibles fallas técnicas y dudas sobre si conectaría de verdad a la gente», manifestó el jefe de Estado.
Señalamientos hacia la gestión anterior
Las observaciones no se limitaron al contrato tecnológico. El gobernante dirigió sus reparos a la totalidad de la gestión de su antecesor, dejando una de las afirmaciones más debatidas de su agenda en la región:
«Yo todo lo que hizo el gobierno pasado lo veo con gran sospecha, porque donde uno levanta siempre hay corrupción, siempre hay desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada».
No obstante, el Ejecutivo precisó que no se descartan los planes de conectividad para la zona sur del país, sino que se busca replantear la forma de llevar internet a las comunidades amazónicas aprovechando las redes técnicas ya instaladas en territorio brasileño.
Estado del proyecto y antecedentes
La licitación identificada como FTIC-LP-001-2026 fue suspendida el pasado 18 de agosto por determinación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), entidad que en su momento argumentó dudas financieras junto con posibles inconvenientes técnicos, ecológicos y de cobertura.
Por su parte, el costo presupuestal había sido justificado por la administración saliente en mayo de 2026 mediante la modificación del documento Conpes 4195, estableciendo vigencias futuras para asegurar la ejecución y el mantenimiento por un período de 10,5 años.
La propuesta contemplaba el despliegue de más de 1.600 kilómetros de fibra para impactar a unos 100.000 hogares, estimados en 227.000 ciudadanos del Amazonas y el Putumayo.
Adicionalmente, el presidente dio a conocer que su administración identificó 14 proyectos destinados al departamento de Amazonas, con destinaciones superiores a los $539.000 millones. Aunque los señalamientos sobre presuntas irregularidades contractuales vuelven a encender la discusión pública, el mandatario no expuso pruebas documentales concretas que respalden sus afirmaciones durante el evento.
