Una fuerte advertencia emitió la Procuraduría General de la Nación frente a los graves riesgos de seguridad que afronta la población civil en la zona rural de Ataco, Tolima. Ante este escenario, el ente de control instó a las autoridades locales y departamentales a implementar acciones inmediatas para salvaguardar a las comunidades campesinas e indígenas de la región.
El Ministerio Público solicitó redoblar esfuerzos institucionales para dar con el paradero de cinco personas que permanecen en poder de desconocidos tras ser retenidas en el área rural de este municipio, remarcando la necesidad de proteger de manera prioritaria sus derechos fundamentales.
Investigación por homicidios recientes
La alarma de la Procuraduría también obedece al crimen de dos personas perpetrado el pasado 25 de octubre, hechos en los que perdieron la vida una adolescente de 16 años y un adulto. Frente a estos sucesos, se pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Policía, el Ejército y la Alcaldía de Ataco articularse para avanzar con celeridad en las pesquisas, esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables materiales e intelectuales.
El organismo de vigilancia manifestó especial preocupación por la vulnerabilidad en que se encuentran los líderes sociales, los familiares de las víctimas y las poblaciones étnicas y campesinas en medio de la alteración del orden público.
Llamado a evitar riesgos para la población
En su pronunciamiento, la entidad recalcó que tanto la búsqueda de los secuestrados como las inspecciones en el territorio deben ser realizadas exclusivamente por la Fuerza Pública y los organismos competentes. Esta directriz busca evitar que los habitantes locales se expongan a mayores peligros intentando adentrarse en zonas copadas por estructuras armadas al margen de la ley.
Asimismo, la Procuraduría demandó:
- Fortalecer las unidades de inteligencia e investigación criminal para frenar nuevas acciones violentas.
- Activar con urgencia los canales de atención humanitaria y prevención.
- Incrementar el patrullaje y la presencia estatal en las veredas más apartadas.
Finalmente, la entidad advirtió sobre la urgencia de blindar los entornos escolares, requiriendo esquemas de protección para estudiantes, profesores y directivos ante posibles intimidaciones en las instituciones educativas del municipio.
