El proceso judicial conocido como el escándalo de los «sexocontratos» continúa avanzando en distintas instancias de control y justicia. La investigación indaga sobre el supuesto uso irregular de la contratación estatal en dependencias como el Ministerio del Interior, el Senado y la Superintendencia de Vigilancia, con el propósito de cubrir favores sexuales que se le señalan al exmandatario Gustavo Petro. Deicy Jiménez, quien divulgó en plataformas digitales grabaciones y chats con el exjefe de Estado, ha sido convocada por los organismos de investigación bajo las figuras de víctima y testigo.
Dina Malo, abogada representante de Jiménez, detalló el calendario de diligencias judiciales de su apoderada: «Tenemos citación en Procuraduría para el día de mañana, jueves 12 y tenemos citación en Fiscalía delegada, tercera delegada, para el viernes 13». Asimismo, la defensora apuntó que esperan el desarrollo de los procedimientos en la Comisión de Acusación de la Cámara para dar curso formal a los señalamientos.
Al ser consultada sobre el vínculo afectivo entre la denunciante y el exmandatario, la jurista aclaró que el núcleo del debate no se centra en la autonomía dentro de una relación de adultos, sino en la imposición de contraprestaciones sexuales como requisito para acceder a presupuesto oficial.
Lo que se debate es efectivamente que él haya obtenido o haya podido obtener un beneficio de carácter sexual y que la haya favorecido como, o sea, como una condición de ese beneficio sexual con contratos que obviamente se se pagan con recursos públicos.
De igual manera, la abogada hizo énfasis en el estado de indefensión en el que se encontraba su defendida, al manifestar que «ella siempre ha tenido el ánimo de colaborar (...) y cómo se sentía de alguna manera condicionada a manifestar una voluntad, un consentimiento sexual para obtener un beneficio estando en una situación de necesidad».
Posibles delitos contra el erario y pruebas digitales
Frente a las presuntas conductas punibles que comprometen a la administración pública, la defensora jurídica puntualizó que «influir en que se le dé contratos a una persona y que estos contratos no se den por mérito, puedes constituir un delito».
Por otro lado, al abordar la participación de Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE y quien contaba con competencias de contratación, la abogada indicó que dejarán su posible llamado a lo que determinen los investigadores: «no la hemos pensado en citar, creo que eso le corresponde también a las autoridades».
Como parte de la recolección de elementos materiales probatorios, expertos en informática forense efectuaron una copia espejo del teléfono celular de Deicy Jiménez por orden de un juez. La abogada Malo ratificó la diligencia técnica: «se dispuso realizar esta labor investigativa con peritos de informática forense para poder tener la evidencia forense y digital, para poder garantizar que los documentos que se entregaron son auténticos».
Para finalizar, sobre la seguridad de su representada en Bogotá, la abogada descartó la existencia de esquemas de protección extraordinarios y confirmó que Jiménez cuenta con un dispositivo ordinario otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde agosto o septiembre pasados, una vez concluida la administración de Petro.










