Un despacho judicial con función de control de garantías ordenó recluir en un establecimiento penitenciario a Carlos Andrés Oyola Tovar, exempleado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El exfuncionario es procesado por presuntos delitos informáticos y falsedades en la consecución de grados académicos. Al resolver la situación jurídica, el juez determinó que el imputado representa un peligro para el desarrollo del proceso y que existe peligro de fuga.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la Nación expuso que, entre 2017 y 2023, habría funcionado una red criminal enfocada en alterar de forma fraudulenta los expedientes académicos y financieros de alumnos matriculados en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Para la entidad investigadora, la estructura criminal operaba mediante enlaces internos dentro de las plataformas de la universidad y personas encargadas de buscar a los estudiantes interesados.
La delegada del ente acusador indicó que Oyola Tovar, aprehendido el pasado viernes 6 de noviembre en un despliegue articulado del CTI, la Policía Nacional y el Gaula Militar, no solo se habría favorecido con las maniobras, sino que fungió como articulador para que otros consiguieran modificar sus notas. Como sustento probatorio, la fiscalía recopiló llamadas y chats entre el implicado y educandos cuyos expedientes mostraban alteraciones.
En el transcurso de la diligencia preliminar se conoció que una revisión al expediente del excolaborador estatal demostró 41 inconsistencias entre las notas ingresadas por los profesores en la plataforma virtual y los registros guardados en los archivos administrativos de la institución educativa. La fiscalía detalló que notas que empezaban en cero terminaban modificadas con calificaciones superiores a 4,0.
De igual manera, el análisis financiero arrojó transacciones dudosas en el pago de matrículas por más de 35 millones de pesos, las cuales se justificaban con recibos físicos expedidos a nombre de Oyola que no aparecían en las bases de datos de la tesorería de la UNAD. Mediante estos registros adulterados, el procesado logró gestionar y conseguir títulos universitarios como ingeniero de sistemas y especialista en gestión pública.
