En un ataque con arma de fuego perpetrado en el corregimiento El Pórtico, en la zona rural de San José de Cúcuta, fue asesinado Miguel Castellanos, quien ejerció como secretario de Gobierno de la ciudad y era mayor en retiro de la Policía Nacional.
El hecho violento tuvo lugar sobre el corredor vial que conecta a la capital de Norte de Santander con el municipio de Los Patios y la salida hacia Bucaramanga, en inmediaciones de una estación de servicio de gasolina. Tanto la Policía Metropolitana como la Alcaldía de Cúcuta confirmaron el fallecimiento del exfuncionario.
Dispositivo de seguridad y líneas de investigación
Tras la acción criminal, los cuerpos de seguridad acordonaron el sector e implementaron un plan candado para dar con el paradero de los ejecutores y posibles determinadores del homicidio. Entretanto, los investigadores judiciales trabajan en esclarecer los móviles del suceso.
Castellanos, tras retirarse de la Policía Nacional, asumió la cartera de Gobierno municipal. Se mantuvo al frente de dicho despacho hasta enero de 2026, momento en que renunció al cargo para impulsar un proyecto político que contemplaba aspirar a la Alcaldía de Cúcuta. En su labor pública coordinó intervenciones orientadas a descongestionar el cementerio central y gestionó proyectos de desarrollo urbano.
Entorno familiar y menciones judiciales
La víctima era hermano del exsenador y excongresista Jairo Castellanos, cuyo esquema de seguridad fue blanco de un atentado armado el año anterior en vías de Arauca, episodio en el que dos de sus escoltas perdieron la vida.
De igual forma, el exoficial había sido objeto de señalamientos en una investigación de Noticias Uno que lo asociaba a una estructura de contrabando presuntamente dirigida por Diego Marín Buitrago, conocido como 'Papá Pitufo'.
Aquella publicación periodística, basada en audios, agentes encubiertos y documentos de inteligencia, sostenía que Castellanos habría percibido pagos ilícitos mientras comandaba la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena para permitir el paso de cargamentos irregulares. Los reportes hablaban de desembolsos quincenales de entre 140 y 180 millones de pesos, así como de 18 millones de pesos por cada contenedor de cigarrillos que pasara sin verificación aduanera; acusaciones que el propio Castellanos negó rotundamente en su momento.
