A través de un requerimiento formal remitido a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo Garzón, el ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González, solicitó extender las pesquisas sobre el asesinato del excongresista Miguel Uribe Turbay. El objetivo central de la petición del Ejecutivo radica en identificar a quienes concibieron, patrocinaron y ordenaron el atentado, más allá de los ejecutores directos.
“La investigación no puede darse por esclarecida únicamente con la identificación de quienes ejecutaron materialmente el homicidio. Colombia necesita conocer toda la verdad: quién dio la orden, quién la transmitió, quién consiguió el dinero, quién facilitó la ejecución y si alguien se valió de su posición o de recursos públicos para hacer posible este asesinato”, señaló Iván Cancino por medio del comunicado.
Este pronunciamiento surge tras los elementos expuestos el 15 de octubre de 2026 por María Claudia Tarazona, viuda del dirigente político. Tarazona consignó a las autoridades una serie de comunicaciones donde se menciona a Luis Alberto Albán Urbano, conocido con el alias de ‘Marcos Calarcá’, y en las que se sugiere un plan criminal presuntamente fraguado desde el interior del Congreso de la República.
Líneas de investigación requeridas por el Ministerio
El documento entregado al ente acusador plantea varios frentes prioritarios de indagación técnica y judicial:
- Verificación de pruebas: someter a peritaje forense los mensajes de texto, correos electrónicos, imágenes y alertas entregados por Tarazona, determinando fechas, emisores, receptores y trazabilidad con otras piezas del expediente.
- Indagación sobre 'Marcos Calarcá': establecer si Albán Urbano tuvo participación en la logística del crimen y transferir las actuaciones correspondientes a la Corte Suprema de Justicia para revisar un eventual fuero derivado de su paso por el Legislativo.
- Rastreo a Enrique Marulanda: individualizar su paradero y verificar supuestos nexos con alias ‘John 40’, rentas de minería ilegal y mecanismos de financiación, manejando estos datos bajo estricto principio de presunción probatoria.
- Filtro institucional y presuntos nexos estatales: indagar si funcionarios o terceros con acceso a información reservada omitieron deberes o colaboraron en el crimen, así como corroborar si la orden provino del Senado, sustentándolo exclusivamente con evidencias sólidas.
Protección a testigos y evaluación de alertas previas
Asimismo, la cartera de Justicia requirió que se analicen todas las advertencias de seguridad y peticiones de amparo radicadas antes del magnicidio, contrastándolas con la efectividad de los protocolos asignados en su momento. Con esto se pretende corroborar la existencia de eventuales negligencias institucionales que facilitaran el atentado.
Para asegurar el éxito de las pesquisas, el Gobierno enfatizó la urgencia de blindar a los informantes, peritos y testigos, además de resguardar elementos probatorios clave. Finalmente, se instó a la Fiscalía a indicar qué despacho lidera estas líneas de trabajo, remarcando que el caso debe esclarecerse plenamente en los tribunales y sin recurrir a juicios mediáticos.
