La administración del presidente argentino Javier Milei oficializó este jueves la inclusión de las guerrillas colombianas FARC-EP y ELN, junto con el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana de México, y Los Tiguerones de Ecuador, dentro de su listado de agrupaciones terroristas.
La medida quedó establecida a través de una resolución conjunta emitida por los ministerios de Seguridad Nacional, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la cual fue difundida esta jornada en el Boletín Oficial.
Asimismo, el Ejecutivo ordenó sumar a estas cinco estructuras al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Con esta acción se busca optimizar la prevención, mejorar la detección precoz y agilizar la cooperación informativa entre los organismos de seguridad de Argentina y los de otras naciones.
De acuerdo con la normativa —que se sustenta en informes confidenciales de las carteras ministeriales involucradas—, el alcance transnacional, el potencial operativo, la presencia regional y la variedad de delitos que cometen estas estructuras representan amenazas directas contra "la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación".
Antecedentes del anuncio
El día anterior, la Oficina del Presidente había divulgado un boletín oficial avalado por Milei donde se anticipaba la decisión.
En dicho documento, el Cártel de Sinaloa fue catalogado como un "grupo criminal transnacional enfocado en el tráfico de drogas, contrabando, secuestros extorsivos y otros delitos", recordando que naciones como Estados Unidos ya lo catalogaban como terrorista.
Por otro lado, La Nueva Familia Michoacana fue señalada por concentrarse en "el narcotráfico internacional y la extracción ilícita de minerales", al tiempo que Los Tiguerones fueron calificados como una banda enfocada en "el tráfico de estupefacientes y el sicariato", destacando además como una de las facciones "más violentas de la zona".
En cuanto a las FARC-EP y el ELN, el comunicado de la Presidencia los catalogó como "agrupaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda".
La ejecución de esta política estuvo a cargo de la Cancillería, los ministerios de Seguridad Nacional y de Justicia, sumados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), instancia que previamente, en agosto, había sumado a dicho registro a la banda criminal ecuatoriana Los Chone Killers.
