La Fiscalía General del Estado radicó una imputación formal en contra del exmandatario paraguayo Santiago Peña Palacios, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo Spalding y otros cuatro exfuncionarios de la entidad reguladora. El proceso se abrió dentro de una indagación por un presunto entramado de asociación criminal que habría beneficiado los intereses comerciales del Grupo Vázquez y de Ueno Bank.
De acuerdo con la información consignada en el Acta de Imputación N.º 9, presentada el 13 de noviembre de 2026, el ente investigador presume que los procesados estructuraron un mecanismo de influencia al interior de las instituciones estatales. El propósito habría consistido en doblegar los controles financieros para favorecer al conglomerado empresarial, evitando que se tomaran decisiones regulatorias a tiempo frente a los problemas de solvencia que presentaba la institución bancaria.
Junto a Peña y Carvallo, la medida judicial cobija a Holger Insfrán Ibarrola, antiguo superintendente de Bancos, además de Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora, quienes formaban parte del Directorio del BCP. Dependiendo del nivel de responsabilidad que se le adjudica a cada procesado, la Fiscalía les achaca conductas punibles como asociación criminal, lesión de confianza, además de la producción y uso de documentos públicos con contenido falso.
Vínculos patrimoniales y nombramientos clave
Uno de los ejes principales de la pesquisa es el lazo financiero que, según el Ministerio Público, existió entre el exjefe de Estado y el grupo empresarial. El expediente detalla que, en marzo de 2019, Peña compró 1.500 acciones preferidas de Credicentro —entidad que posteriormente pasó a ser Ueno Holding S.A.E.C.A.— por un valor total de 1.500 millones de guaraníes.
Asimismo, el organismo persecutor indicó que, tras llegar a la Presidencia de la República, Peña firmó el Decreto N.º 214 el 7 de septiembre de 2023, mediante el cual designó a Carlos Carvallo Spalding como cabeza del Banco Central del Paraguay. Cabe destacar que Carvallo había dejado la presidencia de la Financiera Ueno apenas unas semanas antes, el 14 de agosto de ese mismo año.
Para los investigadores, estas conexiones y nombramientos facilitaron la llegada de personas con pasado corporativo directo a posiciones neurálgicas dentro del ente encargado de vigilar el sistema financiero.
Advertencias técnicas desatendidas y operaciones observadas
El escrito fiscal también pone la lupa sobre los avisos técnicos que se emitieron a lo largo de 2026 en relación con la salud financiera de Ueno Bank. El documento recopila reportes desde junio de ese año, los cuales alertaban sobre excesos recurrentes en los topes de crédito con personas asociadas y una merma constante en la solvencia del banco.
De igual forma, se reseñan inversiones en Red Digital S.A. (REDISA) y Red Digital de Procesamiento S.A. (REDIPRO) que rondaron los 876.640 millones de guaraníes, cifra que representaba el 34,7 % del patrimonio neto de la entidad. A esto se suma el Informe de Hallazgos N.º 011/2026, fechado el 5 de agosto, que catalogó como una operación prohibida la cesión de cartera a favor de Vinanzas S.A. por 74,4 millones de dólares, debido a indicios de que se financió de forma indirecta con dinero del propio banco.
Pese a estos reportes, la Fiscalía sostiene que la cúpula del BCP omitió exigir un plan de regularización obligatorio o suspender de manera preventiva las operaciones de la entidad.
Ocultamiento de información al Congreso
La investigación igualmente detalla la elaboración de la Nota BCP/P N.º 016, enviada el 7 de octubre de 2026 al Senado en respuesta a una solicitud de informes. Según el acta, el documento habría omitido datos cruciales sobre el caso Vinanzas S.A. y dio por superado el exceso de crédito de Ueno Bank, ignorando los reparos de la Superintendencia.
El Ministerio Público acusa a Marco Aurelio González Maldonado de participar de forma directa en la modificación de la respuesta institucional durante juntas secretas celebradas en la sede del Banco Central, lo cual habría servido para sustraer información fundamental al poder legislativo.
Ante la falta de acciones oportunas, el banco continuó atrayendo depósitos del público con campañas comerciales agresivas hasta que, el 2 de noviembre de 2026, el Directorio del BCP decretó su resolución tras comprobar que su solvencia estaba por debajo del mínimo legal, comprometiendo millonarios fondos públicos y de previsión social.
