Tras el atentado perpetrado el sábado 10 de octubre en Barranquilla, donde dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sufrieron heridas, la Defensoría del Pueblo manifestó su enérgico rechazo. La entidad también condenó los amedrentamientos recientes lanzados contra el jefe de Estado, el ministro de Justicia y el director de la entidad carcelaria.
Los afectados fueron identificados como Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, adscritos a la cárcel El Bosque. De acuerdo con el reporte oficial, la agresión se registró en el momento en que ambos abandonaban sus labores.
Esta postura de la agencia del Ministerio Público se conoció después de que la cartera de Justicia revelara públicamente las intimidaciones en contra de altos funcionarios del Gobierno y del personal de custodia.
Tras enviar un mensaje de respaldo a los allegados y compañeros de los guardianes lesionados, la institución alertó sobre la continua agresión que enfrentan los operarios del sistema carcelario en el país.
Para la Defensoría, estos sucesos se enmarcan en un escenario donde el Ejecutivo ha implementado acciones para endurecer el control y la seguridad en los penales, lo que incluye la reubicación de reclusos.
Asimismo, la organización apuntó que las intimidaciones y hostigamientos pretenden coaccionar las determinaciones legítimas del Estado, aunque recalcó que tales operativos deben regirse estrictamente por la ley y la salvaguarda de los derechos humanos.
De igual forma, la entidad recordó que la violencia contra los trabajadores penitenciarios no constituye un hecho aislado. Como referencia, trajo a colación el homicidio del director de la Cárcel Modelo cometido en mayo de 2024, sumado a las agresiones reportadas a lo largo de 2025 en urbes como Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva.
Recomendaciones urgentes al Estado
Ante este panorama, la agencia defensorial emitió una serie de directrices dirigidas a distintas entidades con el fin de custodiar la integridad de los servidores públicos y evitar nuevos crímenes.
- Al Ministerio de Justicia y al Inpec les exigió estructurar, de la mano de la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y autoridades locales, una estrategia de amparo que contemple valoraciones de riesgo personal, esquemas de protección y mecanismos de reacción rápida.
- Solicitó optimizar los dispositivos de seguridad intramural y analizar los peligros derivados del traslado de reclusos, respetando las garantías tanto de la población reclusa como de sus familias.
- Pidió al instituto carcelario y a la Policía extremar los protocolos preventivos durante dichos operativos.
Por último, la Defensoría hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que esclarezca con celeridad tanto el ataque armado como las amenazas, compruebe la veracidad del panfleto difundido y capture a los culpables.
