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MinAgricultura asegura que propuesta de sembrar marañón era exclusiva para La Guajira; Fedearroz responde con dureza

El ministro de Agricultura aclaró que su sugerencia de cambiar arroz por marañón era solo para La Guajira. Fedearroz rechazó las declaraciones y criticó la falta de diálogo.

Ministro de Agricultura en entrevista y cultivos de arroz en Colombia

El titular de la cartera de Agricultura, Indalecio Dangond, se pronunció en el programa Mañanas Blu para despejar la controversia desatada por sus declaraciones recientes sobre el cultivo de arroz en el territorio nacional. Ante los señalamientos en redes sociales que apuntaban a una orden gubernamental para suspender las cosechas de este cereal en todo el país, el funcionario aseguró que sus afirmaciones sufrieron manipulación y que la recomendación de cambiar de producto se limitaba de manera exclusiva a los productores del sur de La Guajira.

De acuerdo con la explicación del ministro, la idea surgió durante una reunión sostenida con los nueve mandatarios locales de esa subregión para poner en marcha la estrategia de contingencia frente a las consecuencias del fenómeno de El Niño. En dicho espacio, un agricultor del municipio de Fonseca expuso las constantes pérdidas económicas que le generaba la actividad arrocera, lo que motivó al jefe de la cartera a aconsejarle la búsqueda de opciones productivas más lucrativas para ese territorio.

“Me sacaron de contexto. Me refería, yo estaba en La Guajira con los nueve alcaldes del sur de La Guajira el pasado viernes, precisamente activando el plan contra el fenómeno del niño”

El alto funcionario también culpó a sectores de la oposición de recortar el material audiovisual difundido en internet: “editaron el video, me sacaron de contexto y lo pusieron como si estuviera diciéndole al país que no sembrara arroz”.

Factores técnicos y financieros en el Caribe

Durante la entrevista, el ministro detalló las razones económicas y técnicas por las cuales la producción de arroz carece de rentabilidad en esa zona caribeña. “Sembrar una hectárea de arroz vale más de 9 millones de pesos. Ellos no están teniendo rendimiento, sino por debajo de 7 toneladas con un precio a 1,300 les da pérdida”, puntualizó.

Como alternativa para mitigar este panorama de fragilidad financiera, el Gobierno impulsa el tránsito hacia cultivos perennes que ofrezcan una mayor rentabilidad por hectárea sembrada.

“Nosotros estamos promoviendo cultivos que se siembren una vez y duren 25 o 30 años facturándole a los pequeños productores en pequeñas áreas. Son cultivos como el coco, como el Marañón, como Las Palmas que te pueden dar ingresos superiores... a los 48 millones de pesos”

Además, el ministro enfatizó en la postura oficial respecto al sustento campesino: “no debemos de seguir incentivando cultivos a pequeñas escalas en agricultura familiar si no tienen ingresos superiores a los 2 millones”.

Rechazo contundente desde Fedearroz

La reacción del sector arrocero no tardó en llegar. Rafael Hernández, al frente de la gerencia general de Fedearroz durante 36 años, desaprobó de forma tajante las declaraciones del ministro y alertó sobre la confusión generada en el gremio agricultor.

“Que un ministro de agricultura se atreva a decir semejante disparate, pues nos deja todos sorprendidos”

El dirigente gremial indicó que han enviado tres misivas al jefe de cartera para invitarlo a su junta directiva y pedir la convocatoria del Consejo Nacional del Arroz, peticiones que a la fecha no han obtenido respuesta.

Frente a los reparos sobre la eficiencia productiva, Hernández aclaró que los promedios nacionales escalaron de 2,5 a 5,5 toneladas por hectárea desde el establecimiento de la cuota de fomento. Del mismo modo, recordó que cerca del 70% del área arrocera del país se ubica en los Llanos Orientales (Casanare y Meta) bajo el modelo de secano, sujeto directamente al régimen de lluvias, lo que incide en los volúmenes finales.

Por último, la agremiación subrayó que la administración de los recursos parafiscales cuenta con la vigilancia rigurosa de la Contraloría y la Procuraduría, entidades que han calificado la gestión institucional con un nivel de efectividad superior al 93%.

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