Bajo la consigna de que no es posible alcanzar la paz sin garantizar primero la seguridad, el canciller Omar Bula intervino este lunes por primera vez ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En la sesión, el jefe de la diplomacia colombiana expuso el interés del Ejecutivo de replantear el mandato de la Misión de Verificación desplegada en el territorio nacional, recalcando que no se pretenden abandonar los compromisos pactados en 2016.
Revisión de resultados frente al deterioro del orden público
Durante su pronunciamiento, Bula manifestó que el país continúa firme en el propósito de cumplir lo pactado, aunque advirtió que resulta inaplazable evaluar el impacto real y diagnosticar la compleja coyuntura de seguridad que golpea a diversas regiones y afecta directamente a las comunidades.
“La seguridad no es contraria a la paz, constituye una condición indispensable para alcanzarla (...) Sin embargo, mientras una organización asesine, secuestre, extorsione, reclute menores o pretenda controlar territorios mediante el miedo, el estado tiene la responsabilidad de actuar con los instrumentos legítimos que le confiere la constitución y la ley para proteger a sus ciudadanos”, sostuvo el funcionario.
El diplomático alertó sobre la multiplicación de los actores armados al margen de la ley, señalando que estas estructuras se han quintuplicado tras la firma del pacto con las extintas Farc. A este panorama sumó las alarmantes cifras del narcotráfico: en 2023 se contabilizaron alrededor de 253.000 hectáreas de hoja de coca y una capacidad potencial de procesar 2.664 toneladas de cocaína, lo que significó un alza del 53 % frente a 2022.
Asimismo, expuso que el delito del secuestro creció más de un 25 % y que a lo largo de 2025 se contabilizaron 78 masacres con un saldo de 256 personas asesinadas. Frente a la vulneración de la niñez, calificó el escenario como sumamente grave tras recordar que, según registros de la propia ONU, el reclutamiento forzado de menores aumentó un 300 % en el último lustro.
Ajustes al rol de la misión internacional
Frente a este balance, el canciller detalló la hoja de ruta que plantea la administración nacional: continuar con el monitoreo internacional en materias como las garantías de protección y la reincorporación de los excombatientes, pero retirar del examen de la misión lo concerniente a la Reforma Rural Integral.
De acuerdo con el canciller, temas de fondo como la distribución y titulación de predios o el impulso productivo del campo constituyen políticas públicas de carácter estructural y prolongado, por lo que deben recaer exclusivamente bajo el liderazgo institucional de Colombia. Subrayó que esta postura no busca debilitar tales metas ni rechazar el respaldo internacional, sino calibrar la veeduría a la realidad actual del país.
La postura de las Naciones Unidas
A su turno, Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, valoró la gestión del mandatario Abelardo De La Espriella frente a la emergencia sísmica ocurrida al inicio de su mandato. Igualmente, subrayó que los avances del Acuerdo de Paz y la estrategia de seguridad deben caminar de forma simultánea.
Jenča admitió que todavía persisten brechas en la ejecución de lo acordado e indicó que el Gobierno debe clarificar la forma en que materializará su visión. Concluyó ratificando la voluntad del organismo internacional de brindar el conocimiento cosechado a lo largo de casi diez años de acompañamiento a la paz en Colombia.
