El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó su oposición a que las Fuerzas Militares asuman las tareas de seguridad urbana en la capital del país. Aunque el mandatario defendió la coordinación con la Fuerza Pública, enfatizó que la vigilancia ciudadana debe quedar en manos de la institución policial.
Esta postura se conoció tras un cabildo abierto que reunió más de 37.000 firmas válidas, impulsado para debatir la posibilidad de desplegar tropas en las zonas más golpeadas por la criminalidad.
La postura del Distrito frente a la asistencia militar
Durante una entrevista concedida a Blu Radio, el burgomaestre aclaró su perspectiva en medio del debate sobre la intervención castrense en la ciudad.
«Yo estoy de acuerdo en un trabajo conjunto liderado en seguridad ciudadana por la Policía, pero no en reemplazarla o sustituirla por las Fuerzas Militares», indicó Galán.
La discusión se originó a raíz del mecanismo de participación llevado a cabo el pasado 7 de noviembre en la Universidad Militar Nueva Granada. La iniciativa, promovida por el concejal Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui —ambos del partido Centro Democrático—, superó el umbral reglamentario al certificar 37.056 firmas por parte de la Registraduría.
El objetivo principal del cabildo consistía en evaluar el uso de la asistencia militar en las 20 localidades bogotanas para contrarrestar los delitos.
Operaciones conjuntas y balance operativo
Frente a las críticas, el alcalde aclaró que su negativa no implica rechazar el respaldo del Ejército. De hecho, resaltó que la administración distrital ya ejecuta labores articuladas entre la Policía Metropolitana, la Brigada 13 y la Quinta División.
De acuerdo con informes de la Alcaldía, en los últimos dos años y diez meses se han concretado más de 377 operaciones coordinadas, con énfasis en áreas limítrofes y territorios prioritarios como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme.
El mandatario también destacó los esfuerzos de su gobierno para mejorar la operatividad de la Policía Metropolitana, recordando la adquisición de más de 1.300 motocicletas nuevas para sustituir un parque automotor que presentaba un deterioro cercano al 70 % al inicio de su mandato.
Asimismo, expuso estadísticas recientes para respaldar su gestión, señalando que el hurto a personas descendió de 158.747 casos en 2023 a 91.724 en lo corrido de 2026, mientras que los homicidios registraron una caída del 8,6 %, con 85 casos menos en comparación con el periodo previo.
Propuestas de los promotores del cabildo
Por su parte, los hermanos Uscátegui insistieron en la urgencia de adoptar medidas extraordinarias frente a flagelos como el homicidio, la extorsión y el hurto.
- Creación de un grupo especializado contra el tráfico ilegal de armas.
- Fortalecimiento del sistema penitenciario y carcelario.
- Búsqueda prioritaria de cabecillas y objetivos criminales de alto valor.
- Intervención reforzada en las zonas fronterizas entre Bogotá y Soacha.
- Despliegue de tropas del Ejército en puntos críticos y asignación de labores de vigilancia a la Policía Militar en infraestructuras estratégicas.
El marco normativo nacional, estipulado en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, contempla la asistencia militar ante situaciones graves de alteración del orden público, una facultad que recae en el presidente de la República a solicitud de las autoridades locales.
Mientras el debate jurídico e institucional continúa abierto en el Concejo de Bogotá, la administración distrital ratifica que su prioridad radica en consolidar las capacidades de la Policía antes que delegar sus funciones ordinarias en el Ejército.
