Durante una entrevista con medios radiales, el gobernador de Putumayo, John Molina, se refirió al complejo panorama social y de seguridad que afronta el departamento. El mandatario departamental dio a conocer una iniciativa impulsada por las comunidades cocaleras para desmontar manualmente los sembrados ilícitos en apenas 15 días, al tiempo que advirtió sobre la incertidumbre institucional generada tras la clausura de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Valle del Huamués.
Una economía regional altamente dependiente de los cultivos ilícitos
El contexto socioeconómico del departamento evidencia una marcada dependencia de la hoja de coca. Según explicó Molina, el 44% de los habitantes de la región se encuentra en zonas rurales, y aproximadamente 22.000 hogares —que equivalen al 23% del total departamental— sustentan sus economías en esta actividad.
Actualmente, el territorio contabiliza 40.500 hectáreas sembradas con coca. Este indicador contrasta con el periodo comprendido entre 2009 y 2011, cuando el área oscilaba entre las 4.000 y 5.000 hectáreas, antes de registrar repuntes históricos de hasta 53.000 hectáreas.
Temor ante el plan piloto de aspersión con glufosinato
Ante la determinación del Gobierno Nacional de implementar un plan piloto de erradicación mediante fumigación aérea con glufosinato de amonio, el gobernador manifestó la profunda preocupación que impera entre los pobladores del campo:
"El temor y la zozobra se genera por las consecuencias que vivieron en el pasado con las fumigaciones... cómo perjudicó la salud de las personas, cómo muchas mujeres en embarazo perdieron sus bebés, la contaminación de las tierras, la afectación sobre los cultivos lícitos, la fauna, la flora y las fuentes hídricas".
La propuesta de erradicación manual en 15 días
Como respuesta a las fumigaciones, las asociaciones de cultivadores formularon una salida directa basada en la eliminación manual. Desde la perspectiva de la administración departamental, la iniciativa resulta viable debido a la distribución de la tierra en la zona.
"Estos voceros de las asociaciones cocaleras nos propusieron que ellos podían erradicar esas hectáreas en dos semanas, o sea, 15 días . ¿Y por qué me parece que es posible? Porque es que una familia en el Putumayo tiene alrededor de una hectárea, dos hectáreas, máximo tres hectáreas de hoja de coca. Y si hay 22.000 familias y después de lograr un compromiso de inversión social se puede arrancar en ese proceso, pues es algo que se puede realizar".
Con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la medida y evitar la vulnerabilidad de los núcleos familiares, la Gobernación diseñó un borrador de sustitución que demanda recursos cercanos al billón de pesos. Dicho proyecto contempla el establecimiento de 50.000 hectáreas dedicadas a la producción legal, divididas equitativamente en cacao, maíz, chontaduro, y un componente mixto de plátano y yuca.
Molina subrayó la urgencia de proveer infraestructura esencial, tales como vías en óptimas condiciones, redes eléctricas y proyectos productivos estables. Para evaluar esta estrategia y concretar un cronograma, se prevé la llegada de delegados de al menos cinco carteras ministeriales al departamento en el transcurso de la próxima semana:
"Ellos se comprometerían a iniciar ese proceso de erradicación con las garantías de que el gobierno haga un compromiso real en materia de inversión social. Es que el Putumayo necesita mejoramiento de vías, necesita electrificación, necesita inversión en líneas productivas lícitas".
Cierre de la Zona de Ubicación Temporal en Valle del Huamués
En el ámbito del orden público, el mandatario ratificó la expedición de la Resolución 389, mediante la cual se formalizó la clausura definitiva de la ZUT situada en la zona rural de Valle del Huamués, espacio dispuesto para la concentración de miembros de los Comandos de Frontera. En el sitio permanecen 62 excombatientes bajo el monitoreo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), mientras el Ejército mantiene perímetros de seguridad en los alrededores.
De acuerdo con el despacho jurídico de la gobernación, los organismos judiciales habrían expedido órdenes de captura dirigidas a aquellas personas con cuentas pendientes ante la justicia que procuren abandonar el perímetro asignado.
