La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que diez generales retirados del Ejército Nacional tuvieron un papel determinante en la propagación a escala nacional de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Entre los oficiales identificados como máximos responsables figura el general en retiro Mario Montoya Uribe, quien comandó la fuerza militar durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La doctrina del conteo de cuerpos
De acuerdo con las pesquisas de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Montoya Uribe instauró y consolidó una directriz de facto basada en el conteo de cadáveres, en la cual el éxito de las operaciones militares se medía prioritariamente por la cantidad de muertes en combate. Dicha dinámica fue impulsada durante su desempeño como comandante de la Primera División, del Comando Conjunto Caribe No. 1 y de la jefatura máxima del Ejército, entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008.
El tribunal de paz estableció que el alto oficial promovió mecanismos de exigencia a las tropas a través de alocuciones radiales, asignación de cuotas numéricas, clasificaciones de rendimiento entre unidades y esquemas de recompensas. Si bien Montoya aseguró en sus comparecencias que fue objeto de engaño por parte de sus subalternos y que promovió directrices en pro de los derechos humanos, la Sala concluyó que el oficial supo tempranamente de las quejas sobre muertes ilegítimas y, pese a ello, preservó la presión por resultados e implementó medidas de fachada que favorecieron el encubrimiento del fenómeno criminal.
Magnitud del patrón criminal y oficiales vinculados
Las evidencias judiciales del tribunal acreditan que, entre 2002 y 2008, al menos 2.702 ciudadanos perdieron la vida de forma violenta a manos de militares para ser exhibidos de manera ilegítima como bajas operacionales, en un total de 1.625 hechos que dejaron además 44 sobrevivientes. La etapa más crítica se concentró entre 2005 y 2008, con 2.077 víctimas mortales y 34 personas que lograron sobrevivir.
El grupo de diez altos mandos señalados por la JEP comprende a un excomandante de la institución militar, un exinspector general, un excomandante del Comando Conjunto Caribe y siete excomandantes de división. Junto a Montoya, fueron requeridos para aceptar su responsabilidad:
- General (r) Luis Felipe Paredes Cadena
- Mayor general (r) Carlos Orlando Quiroga Ferreira
- Mayor general (r) Justo Eliseo Peña Sánchez
- Mayor general (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz
- Mayor general (r) Hernando Pérez Molina
- Mayor general (r) Guillermo Quiñones Quirós
- Brigadier general (r) José Joaquín Cortés Franco
En contraste, la Sala dispuso remitir ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) a otros tres oficiales en retiro —dos generales y un mayor general— debido a que manifestaron previamente que no asumirán responsabilidad por los hechos, con lo cual se dará inicio a un juicio adversarial en su contra.










