Durante las movilizaciones del 19 de noviembre, jueces y juezas penales del circuito de la capital se sumaron a las jornadas de protesta para denunciar la crisis operativa que enfrentan sus despachos y defender sus garantías laborales.
A través de grabaciones difundidas durante la jornada, se observó a varios funcionarios togados a las afueras de una sede judicial en Bogotá. Desde allí, los operadores de justicia expusieron la urgencia de atender el déficit presupuestal y de talento humano que impacta a la Rama Judicial.
Sobrecarga de procesos y reparos a iniciativas tributarias
Uno de los motivos centrales de la manifestación radica en el incremento de las cargas de trabajo, impulsado en buena medida por el trámite constante de acciones de tutela. Dichos recursos constitucionales exigen una resolución prioritaria y demandan esfuerzos adicionales mientras los despachos deben continuar con los litigios penales ordinarios.
Los togados advirtieron que la falta de personal suficiente y la estrechez económica trasladan una presión desmedida a los servidores judiciales, situación que repercute negativamente en los tiempos de respuesta y en el servicio que recibe la ciudadanía.
Asimismo, los manifestantes expresaron su inquietud ante iniciativas legislativas que pretenden modificar el régimen tributario de ciertos componentes de su sueldo, en particular los gastos de representación de jueces y magistrados, lo que implicaría un recorte en sus ingresos reales.
Con su presencia en las calles durante el 19N, los funcionarios reiteraron que robustecer la administración de justicia demanda partidas presupuestales idóneas y condiciones dignas que resguarden la eficiencia y la independencia judicial en el país.










