El Departamento Administrativo de la Función Pública se deslindó de la controversia generada por las altas asignaciones salariales en el Fondo Milagro, organismo instituido para adelantar la reconstrucción en los territorios damnificados por el sismo. Leonardo Huerta, al frente de la entidad, puntualizó en el espacio radial de Blu Radio que esa dependencia jamás intervino en el establecimiento de la tabla de sueldos de la institución y subrayó que el personal vinculado no ostenta la condición de empleado estatal.
De acuerdo con la explicación brindada, el Fondo Milagro opera en calidad de patrimonio autónomo estructurado por el Ministerio de Hacienda y gestionado a través de una fiduciaria. Por esta causa, sus colaboradores están bajo los lineamientos del Código Sustantivo del Trabajo y se marginan de los estatutos propios de la administración pública.
En consecuencia, la determinación de los emolumentos no precisaba del aval ni de un concepto positivo por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) ni de la propia Función Pública. La única instancia facultada para dar luz verde a dichos pagos era el consejo directivo del fondo, erigiéndose como el máximo organismo por encima del gerente, encargado de avalar una chequera de nómina que supera los 8.000 millones de pesos al año.
Dicho consejo directivo se encuentra conformado por delegados de las carteras de Hacienda y Planeación, un funcionario adicional del Ejecutivo y cinco delegados designados por el mandatario nacional. En esta nómina participan figuras como Carlos Ríos, al frente del DAPRE y secretario general de la Presidencia, además de empresarios de la talla de Mario Hernández y Liliana Restrepo.
Pese a que los capitales se administran mediante un encargo fiduciario, en los micrófonos de la emisora se ratificó que a los colaboradores del fondo se les cancela con recursos del erario.
Cuestionamientos y detalles de la nómina
Durante la mesa de debate se advirtió que, al omitir el paso por la Función Pública y por la secretaría jurídica de la Presidencia, es probable que el jefe de Estado no estuviera al tanto de la decisión salarial. No obstante, la fiduciaria acata los lineamientos del propietario de los activos, rol que recae en el Ministerio de Hacienda, motivo por el cual los reproches recaen directamente sobre dicha cartera ministerial y el consejo directivo.
La remuneración fijada para el gerente del Fondo Milagro asciende a 39.445.000 pesos cada mes, cifra que supera la de un ministro ministerial. Según se ventiló en la discusión, esta cantidad equivale casi al doble de los ingresos que perciben los mandatarios departamentales y alcaldes de las zonas impactadas por el temblor, cuyos sueldos oscilan entre 22 y 23 millones de pesos. Por su parte, los gerentes regionales devengarían 33 millones de pesos, elevando el egreso mensual por concepto de nómina a unos 760 millones de pesos.
A modo de referencia, se trajo a colación el caso de Everardo Murillo, director del Forec tras la emergencia en el Eje Cafetero, quien recibía 5 millones de pesos mensuales, un monto que hoy equivaldría a aproximadamente 19 millones de pesos.
La estructura de sueldos salió a la luz pública luego de que las cabezas del fondo eludieran su asistencia a las citaciones de control político en el Congreso. Ante los faltazos, los parlamentarios interpuso derechos de petición, siendo el propio fondo el que terminó ventilando los devengos.
Aparte de las cifras de dinero, en el escenario legislativo se alertó que el manual operativo de la entidad y normativas internas permanecen bajo reserva. Asimismo, se reprochó que los contratos se publican en el portal Secop hasta 20 días posteriores a su legalización, y se criticó que los únicos trabajos entregados hasta la fecha corresponden a demoliciones, mientras los damnificados en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda continúan aguardando la edificación de sus viviendas. Tras estallar el escándalo, el presidente de la República comunicó que ajustará la tabla de remuneraciones.
Postura del Congreso y de la comisión de seguimiento
La senadora Norma Hurtado, quien lidera la comisión bicameral conformada en el Legislativo para vigilar al Fondo Milagro, aseveró en Mañanas Blu que dicha célula no poseía información sobre las remuneraciones. La congresista conoció los datos a raíz de las contestaciones emitidas a las solicitudes de varios legisladores que circularon en medios de comunicación. “Esa información no había sido allegada al Congreso de la República y no había sido allegada a la comisión bicameral”, aseveró.
“Eso amerita una revisión. Yo creo que menos burocracia, menos nómina y más resultados”, expresó la senadora Norma Hurtado al referirse a la polémica salarial.
Ante la consulta sobre su propia asignación, la legisladora indicó que los congresistas perciben cerca de 51 millones de pesos mensuales, contemplando el subsidio por radicar en una zona distinta a la capital.
La parlamentaria también reprochó las dificultades de comunicación con la entidad, señalando que la comisión carece de datos claros y de la planimetría de los proyectos en marcha. Agregó que el gerente, Jaime Andrés Uribe, solo asistió a una diligencia en la cual expuso un informe y solicitó aplazar los encuentros en las regiones, excusándose de nuevo recientemente por una convocatoria de carácter urgente en Roldanillo, Valle del Cauca.
“Esta comisión está representada por 52 congresistas, representantes y senadores de los territorios afectados”, puntualizó Hurtado, enfatizando la urgencia de respuestas concretas para las poblaciones.
En relación al cumplimiento de los objetivos del fondo, la congresista estimó prematuro emitir un juicio definitivo debido a su reciente creación, aunque admitió que las familias damnificadas todavía no perciben soluciones reales. “No se ha cumplido con las expectativas que tienen las comunidades”, recalcó, advirtiendo que el principal escollo radica en la disponibilidad presupuestal, pues la entidad dispone de 624.000 millones de pesos, frente a un costo estimado de reconstrucción de 54 billones calculado por la Unidad de Gestión del Riesgo.
Para el próximo miércoles, Hurtado adelantó que la comisión fiscalizará el papel de Fasecolda y las respuestas ofrecidas por las compañías de seguros a los ciudadanos golpeados por el movimiento telúrico.
