El Consejo de Estado rechazó una acción de tutela que cuestionaba la participación del presidente Abelardo De La Espriella en diversos eventos de carácter religioso. El tribunal determinó que dichas actuaciones no quebrantaron los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de conciencia y de cultos, ni los mandatos constitucionales de laicidad y neutralidad del Estado colombiano.
La demanda había sido interpuesta por Román Camilo Díaz Fernández en contra de la Presidencia de la República, además de los ministerios del Interior y de las Culturas, las Artes y los Saberes. El ciudadano objetó la coronación de la Virgen de Fátima durante la Gran Velatón por Colombia —un homenaje a los afectados por el sismo del pasado 10 de agosto— y los fondos públicos invertidos en la logística técnica y artística del evento, que sumaron 326 millones 407 mil 833 pesos mediante el Convenio de Asociación 0958 de 2026, pactado entre la cartera de las Culturas y la Corporación de Desarrollo Social Élite, la cual subcontrató a 10 Audio S.A.S.
Asimismo, el accionante cuestionó las visitas del mandatario a la Sinagoga Bet-El en Barranquilla y al Centro Israelita de Bogotá, el uso de la kipá y frases de índole religiosa emitidas en apariciones públicas, entre ellas “¡Viva Cristo Rey!”.
Respaldo a las libertades individuales
La Sección Quinta del alto tribunal concluyó que las manifestaciones espirituales del jefe de Estado están cobijadas por sus garantías individuales de expresión, cultos y conciencia, siempre y cuando no se transformen en medidas institucionales orientadas a imponer o favorecer una doctrina específica.
En cuanto a la Gran Velatón, los magistrados determinaron que la jornada poseía una meta secular enfocada en la solidaridad y el apoyo a las víctimas del movimiento telúrico, aclarando que los recursos técnicos y artísticos no financiaron una ceremonia litúrgica. Sobre la presencia del gobernante en la comunidad judía, el fallo indicó que obedeció a un acompañamiento institucional dentro de la agenda diplomática entre Colombia e Israel, descartando un favoritismo confesional.
Frente al uso de expresiones como “¡Viva Cristo Rey!”, el tribunal puntualizó que se enmarcan dentro de la libertad de conciencia de los funcionarios públicos como ciudadanos, siempre que no utilicen el poder coactivo del Estado para forzar creencias.
“Mi fe es parte de mis convicciones personales y el respeto por las creencias de todos los colombianos es un deber constitucional”, afirmó el presidente Abelardo De La Espriella tras conocer el fallo.
A través de su cuenta de X, el mandatario destacó que el país es un Estado laico donde deben garantizarse las libertades religiosas y de conciencia para la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación.
Decisiones sobre derechos de petición y actuación temeraria
El fallo también abordó las solicitudes de información presentadas por el ciudadano. Respecto al Ministerio de las Culturas, interpuestas el 14 de septiembre de 2026, el Consejo de Estado comprobó que no existían registros de notificación al correo suministrado por el demandante. Por esta razón, protegió el derecho de petición y ordenó a la entidad entregar el contenido del oficio en un plazo máximo de 48 horas.
Por otro lado, en relación con el Ministerio del Interior —al que se le consultó el 29 de agosto de 2026 sobre garantías de igualdad entre confesiones—, el alto tribunal determinó que la cartera ya había dado respuesta el 13 de octubre y que el ciudadano ya había radicado otra tutela idéntica ante el Juzgado Treinta y Seis de Familia de Bogotá. Por tal motivo, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado y calificó la acción como temeraria.










