Este miércoles 28 de octubre, la Fiscalía General de la Nación llevará ante un estrado judicial los diez preacuerdos alcanzados con igual número de señalados miembros de la estructura delincuencial autodenominada PPP, a quienes se les indaga por su presunta responsabilidad en desmanes y actos de vandalismo ocurridos en medio de protestas en Bogotá.
Las sanciones pactadas oscilan entre los cuatro años y ocho meses y los siete años y diez meses de cárcel, conforme a las condiciones establecidas para cada uno de los procesados en el marco de las negociaciones con el ente acusador.
Las pesquisas de las autoridades giran en torno a agresiones contra buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), destrozos en estaciones de TransMilenio, elaboración y lanzamiento de explosivos artesanales, además de agresiones físicas contra uniformados de la Policía Nacional y la ciudadanía.
Dentro del expediente figuran delitos como concierto para delinquir, terrorismo, daño en bien ajeno, afectación al servicio público de transporte y ataque a servidor público, entre otras conductas punibles.
El expediente ha estado rodeado de polémica debido a la gravedad de los señalamientos y a las líneas investigativas que indagan sobre una presunta financiación por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el supuesto uso de instalaciones de universidades públicas en la capital como sitios de resguardo.
Ante este panorama, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, firmó la Resolución 171 el pasado 16 de junio de 2026, con la cual ordenó el traslado del expediente a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa.
Dicha medida buscaba que un equipo de fiscales adscritos al Grupo de Tareas Especiales de Justicia Restaurativa examinara a fondo las conductas reprochadas, la individualidad de los casos y la viabilidad de aplicar formas de terminación abreviada del proceso al cumplirse los requisitos de ley.
La disposición estipulaba que los delegados del ente investigador debían evaluar “de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o determinación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable”.
Los implicados y las penas acordadas
Entre los firmantes de los entendimientos con la entidad se encuentra Sneider Sebastián Cantor Cortés, apodado ‘Salvatore’, quien admitió su responsabilidad en ocho delitos: concierto para delinquir, terrorismo, incendio, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, afectación al transporte público, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público.
Para él se pactó una condena de siete años y siete meses de reclusión, vinculada a al menos 14 eventos violentos.
De igual forma aparece Juan Sebastián Manios Lozano, conocido con el alias de ‘Tolima’, quien aceptó cargos por siete delitos, entre ellos concierto para delinquir, terrorismo, porte de armas, lanzamiento de sustancias peligrosas, afectación al transporte, daño en bien ajeno y agresión a servidor público.
La sanción fijada para este procesado sería de siete años y diez meses de prisión.
Dentro del legajo judicial se reseña un episodio específico contra Manios Lozano, descrito de esta manera: “procede a lanzar una papa bomba, objeto explosivo, al interior del vehículo, mismo que se encontraba con tripulación (aproximadamente de 12 pasajeros)”, haciendo alusión a un ataque contra un automotor del SITP lleno de usuarios.
Por su parte, Camilo Andrés Portilla Castañeda, reseñado como alias ‘Copete’, admitió su culpabilidad en cinco delitos y recibió una propuesta de pena de siete años y siete meses de cárcel.
En condiciones similares, Cristhian Camilo Medina Rojas, llamado ‘Topo’, aceptó cinco punibles y acordó una reclusión de siete años y dos meses.
En el listado de convenios judiciales destaca Silvia María Camargo Pinzón, alias ‘Chimal’, señalada como la única mujer dentro de la estructura investigada.
Ella admitió su responsabilidad en cuatro delitos: concierto para delinquir, lanzamiento de objetos peligrosos, afectación al servicio de transporte público y violencia agravada contra servidor público, fijándosele una pena privativa de la libertad de cinco años y cinco meses.
Entre tanto, Daniel Felipe Pulido Sarmiento, conocido como ‘Chinche’, aceptó cinco delitos con una condena pactada de siete años de cárcel.
Respecto a Kennet Steven Mestra Montes, se fijó una sanción de cinco años y diez meses por cinco delitos imputados.
El listado continúa con Carlos Raúl Torres Laguna, alias ‘El Pri’, quien reconoció los ocho cargos endilgados y purgaría siete años y siete meses de prisión, mientras que a Brayan Stiven Valderrama Cubies, alias ‘Garu’, se le calculó una pena de cinco años y diez meses por seis delitos.
El décimo procesado corresponde a Johan Sebastián Castellanos Díaz, alias ‘Slow’, quien acordó una condena de cuatro años y ocho meses de cárcel tras aceptar su responsabilidad en dos delitos.
La presentación formal de los preacuerdos ante el estrado judicial constituye la fase inicial para que un juez analice su apego a la norma y resuelva si concede su aval definitivo.
Por el momento, los castigos anunciados responden estrictamente a lo pactado de manera anticipada con la Fiscalía General de la Nación.
