São Paulo y Brasilia, 26 de octubre de 2026. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, que concluyó con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, generó fuertes reacciones en el ámbito internacional. Desde Colombia, la exsenadora María Fernanda Cabal calificó el proceso de “decepcionante y peligroso”, enfocando sus cuestionamientos en la actuación de un magistrado del Supremo Tribunal Federal, a quien catalogó como allegado al actual mandatario, y en un desenlace numérico que, a su juicio, contradice la lógica estadística.
A través de una grabación publicada en su perfil de la red social X, la excongresista cuestionó el paradero de los sufragios favorables al sector bolsonarista. Asimismo, sostuvo que la claridad en las urnas demanda explicaciones y advirtió que la situación pone en vilo la credibilidad democrática, constituyendo un antecedente delicado para el continente.
El trasfondo de la controversia recae en la determinación del ministro Cristiano Zanin, quien fungió como defensor de Lula y fue designado por este alto dignatario en el máximo tribunal. Acogiendo un requerimiento del equipo oficialista, Zanin decretó extender la jornada de votación desde las 17:00 hasta las 19:00 horas, fundamentándose en reportes sobre dificultades en la movilidad urbana dentro de plazas urbanas afines al progresismo. Dicha disposición generó desconcierto, obligando al Tribunal Superior Electoral a interrumpir transitoriamente el escrutinio que ya estaba en marcha, mientras algunas mesas operaban bajo confusión sobre el cierre. Más adelante, las autoridades precisaron que la ampliación cobijaba exclusivamente a los puestos que no habían clausurado su atención.
Al completarse el 100 % del escrutinio, el jefe de Estado electo alcanzó el 51,8 %, equivalente a unos 64,3 millones de sufragios, superando al candidato opositor Flávio Bolsonaro, quien logró el 48,2 %, es decir, cerca de 59,8 millones de votos, registrando una diferencia cercana a los 4,4 millones de adeptos. El aspirante opositor, descendiente del exmandatario Jair Bolsonaro, desestimó los resultados y adelantó que impulsará acciones legales para invalidar los comicios, argumentando que las condiciones normativas se modificaron durante el desarrollo de la contienda.
Por otro lado, sectores especializados y autoridades de los comicios indicaron que la extensión obedeció a peticiones formuladas por ambas facciones políticas —la oficialista por temas de transporte y la opositora por contingencias climáticas en el sur del país— y destacaron que la diferencia en los guarismos es sustancial. No obstante, la cercanía política del juez con el Ejecutivo, el instante en que se adoptó la resolución y la detención temporal del conteo despertaron desconfianza en sectores contrarios al gobierno y en líderes políticos externos como Cabal, quienes perciben una amenaza para la transparencia regional.
Ante las dudas, el TSE y el STF respaldaron la validez de la directriz y la solidez del sistema. Entre tanto, los pronunciamientos críticos se suman a las peticiones ciudadanas de mayor claridad institucional, en medio de uno de los comicios más disputados de los tiempos recientes en territorio brasileño.
