El terremoto financiero ocasionado por la intervención de Ueno Bank en Paraguay derivó en una aguda tormenta institucional. La Cámara de Diputados de ese país dio inicio a la discusión de un juicio político contra el mandatario Santiago Peña, a quien se le cuestiona por sus presuntos nexos con la entidad bancaria cuya insolvencia congeló los recursos de casi tres millones de clientes.
El riesgo inminente sobre la continuidad del Gobierno
En declaraciones a medios radiales, el legislador Salyn Buzarquis fue enfático respecto a las posibilidades de que Peña sea apartado del cargo: “Así como está yendo el juicio político, sí. Se le pidió la renuncia y bueno, al no renunciar corre el juicio político contra el presidente de la República”.
Para que la acusación prospere en la Cámara Baja se necesitan 53 de los 80 votos posibles, lo que trasladaría el expediente de inmediato al Senado, donde se requieren 30 de 45 apoyos para concretar la destitución. De consumarse la salida de Peña, la línea de sucesión apuntaría al vicepresidente Pedro Alliana, quien también figura en el pliego acusatorio opositor por mantener un millonario empréstito con la entidad en quiebra.
A nivel partidario, la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), encabezada por el exjefe de Estado Horacio Cartes, confirmó que respaldará el proceso de destitución. Frente a la Fiscalía cursan igualmente denuncias de carácter penal por presunta malversación y omisión en la custodia de dineros del Estado.
Las cifras rojas y las medidas sobre Ueno Bank
La intervención forzosa fue determinada por decisión unánime de la junta del Banco Central del Paraguay (BCP), luego de verificar que el índice de solvencia del banco cayó estrepitosamente a un 5,56 %, registro muy lejano del 12 % fijado como piso por la regulación. Hasta junio de 2026, la institución contabilizaba 2.941.996 clientes registrados.
La clausura administrativa vino acompañada de la detención de ocho altos mandos del banco, entre ellos Miguel Vázquez. Paralelamente, el titular de la banca central, Carlos Carvallo, debió dimitir por solicitud expresa del gobernante.
Ante la zozobra ciudadana, Peña pronunció un mensaje de calma: “Quiero transmitir tranquilidad a nuestros ciudadanos. El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección”, prometiendo que los implicados “deberán responder, y ya lo están haciendo ante la justicia sin excepciones”.
Señalamientos sobre manejo de dineros públicos
Buzarquis denunció que la relación de Peña con el conglomerado abarca múltiples frentes. Reveló que el gobernante fue accionista de la firma antes de tomar posesión y que colaboradores cercanos de su círculo financiero desembarcaron en puestos clave del Banco Central.
El parlamentario también acusó al Ejecutivo de haber facilitado la colocación de cerca de 1.000 millones de dólares de patrimonio estatal en Ueno Bank, de los cuales unos 450 millones pertenecerían al Instituto de Previsión Social y más de 200 millones a la hidroeléctrica Itaipú. “No tomaron las precauciones y lastimosamente reventó esto. Y reventó mucho peor de lo que todos esperábamos”, advirtió Buzarquis, sugiriendo que la entidad utilizaba empresas asociadas para otorgarse créditos a sí misma: “Estaban bicicleteando el dinero, ¿verdad? Y claro que el presidente está implicado, él lo autorizó, él formó parte de esto”.
Por su parte, el expresidente del banco intervenido, Juan Manuel Gustale —actualmente bajo arresto—, desmintió previamente injerencias del jefe de Estado, señalando que Peña se desprendió de su participación accionaria en Ueno Holding en abril de 2025.
La angustia de los ahorradores en las calles
Desde los alrededores del Palacio Legislativo, ciudadanos afectados exigen respuestas inmediatas. Cever Martínez, usuario de la entidad desde hacía más de un bienio, explicó que perdió cerca de 2.000 dólares en depósitos y mantiene compromisos en tarjetas por cerca de 3.500 dólares: “No hubo ningún aviso”, lamentó sobre el momento en que la plataforma digital colapsó.
Los afectados reclaman una renovación total del liderazgo público: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Pero más que nada en la cabeza del presidente”, recalcó Martínez, agregando: “Yo particularmente dependo de eso. Ahora mismo estamos acá por eso levantando la voz”.
El marco legal contempla un fondo de cobertura por hasta 280 millones de guaraníes. Como medida paliativa, el Ejecutivo promovió un proyecto legislativo con el fin de reembolsar a depositantes con cuentas menores a 10 millones de guaraníes, medida que, según el Gobierno, abarcaría al 98 % del universo damnificado. Pese a que el BCP descartó un contagio sistémico, el impacto salpica también al deporte, pues el banco fungía como patrocinador de la selección nacional de fútbol —cuyos futbolistas contemplan acciones judiciales— y de tradicionales escuadras locales como Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní y Libertad.
