Una serie de anomalías administrativas y contractuales que ascenderían a cerca de 155.000 millones de pesos fueron puestas en evidencia por el Ministerio de Defensa. De acuerdo con el jefe de la cartera, el general en retiro Jorge Mora, tras un proceso de fiscalización interna se consolidaron 82 reportes sobre presuntas irregularidades, de los cuales 41 ya fueron radicados formalmente ante las autoridades judiciales correspondientes.
El funcionario explicó que la entidad ha robustecido las herramientas internas para recepcionar, rastrear y dar trámite a informaciones sobre posibles actos ilícitos cometidos con dineros públicos. Entre las conductas detectadas se encuentran presuntos casos de interés indebido en la celebración de contratos, contratación sin el cumplimiento de requisitos legales, concusión, cohecho y falsedad en documento público. Mora aclaró que la calificación de estas actuaciones y las sanciones individuales dependerán exclusivamente de las decisiones de la justicia.
El caso de los helicópteros MI-17
Uno de los procesos de mayor envergadura bajo escrutinio está relacionado con los helicópteros rusos MI-17 al servicio del Ejército Nacional, en concreto sobre los convenios para su mantenimiento preventivo y la adquisición de repuestos. Conforme a las pesquisas preliminares, estas inconsistencias se remontan al periodo de la administración precedente.
La Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una investigación en torno al contrato 012, formalizado el 31 de diciembre de 2024 con la firma estadounidense Vertol Systems por un monto cercano a los 32 millones de dólares. La principal hipótesis del ente acusador sostiene que la compañía habría sido beneficiada en la adjudicación pese a no contar, presuntamente, con la capacidad técnica, la solidez financiera ni la experiencia requerida para encargarse del parque aéreo.
Investigados y avances judiciales
Por este caso se encuentran vinculados a la investigación el exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto y otras cinco personas, lista que incluye a exfuncionarios del ministerio, miembros del Ejército y particulares.
En el marco del expediente judicial, el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías autorizó la toma de una prueba anticipada a Diego Alejandro Manrique, señalado como un testigo relevante para esclarecer los hechos. Por su parte, el ministro Mora reiteró que continuarán suministrando todo el material probatorio solicitado por los organismos de control, endureciendo las auditorías y aplicando medidas administrativas estrictas.
