El mandatario nacional ratificó su postura severa contra los grupos armados al margen de la ley. Durante las primeras horas del lunes 9 de noviembre, las Fuerzas Militares llevaron a cabo la denominada Operación Noah en una zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, enfocada en golpear a la estructura 33 de las disidencias de las Farc, la cual responde a la facción comandada por alias Calarcá.
De acuerdo con la información oficial entregada por el Gobierno, el despliegue bélico, que contó con el aval directo del jefe de Estado, arrojó un saldo inicial de cuatro presuntos insurgentes muertos y seis personas aprehendidas. Entre los capturados sobresale alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, señalado de funcionar como cabecilla de comisión y de ser una ficha cercana a alias ‘Andrey Avendaño’, máximo líder de esta facción armada.
El reporte oficial detalla que este individuo acumulaba cerca de 11 años vinculado a actividades delictivas y a la dirección de enfrentamientos armados en la subregión de Tibú. El Ejecutivo resaltó que se trata del primer cabecilla que logra sobrevivir a un bombardeo avalado en lo corrido del actual mandato, aunque posteriormente fue reducido y capturado por las tropas.
Uno de los aspectos que generó mayor repercusión del operativo involucró directamente al presidente de la República. Minutos antes de la detonación del material bélico, el gobernante se hizo presente ante el personal castrense y redactó de su puño y letra sobre uno de los proyectiles la frase: “Bienvenidos a la patria milagro, terroristas”, acompañada de su respectiva firma.
Registros en video divulgados por la Presidencia permitieron constatar que el explosivo empleado pesaba alrededor de 460 kilogramos. En medio de la preparación, un uniformado hizo alusión a que la carga transportaba un mensaje equivalente a “460 kilogramos de democracia”. Las imágenes mostraron al mandatario supervisando la alistamiento del armamento y monitoreando el desarrollo de las acciones tácticas.
Este suceso acaparó la atención pública no solo por el impacto operacional, sino por la intervención personal del jefe de Estado en la proclama plasmada sobre el armamento. Según el consolidado oficial, la incursión también permitió el decomiso de siete fusiles y 15 granadas acondicionadas para lanzamiento mediante drones.
Igualmente, las autoridades reportaron la destrucción de tres campamentos que poseían una capacidad estimada para albergar a unos 35 miembros del grupo ilegal. Las maniobras corrieron por cuenta conjunta del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el propósito de mermar la capacidad de combate, la logística y el despliegue territorial de la estructura 33.
Advertencias y continuidad de la ofensiva
Tras el balance, el máximo dignatario envió un mensaje intimidante a alias Calarcá y a su esquema criminal:
«No vamos a permitir que sigan convirtiendo el Catatumbo en su refugio del terror».
Del mismo modo, impartió instrucciones a la cúpula castrense para persistir con la ofensiva, desarticular el aparato delictivo y restablecer el dominio institucional en la zona. Esta acción militar se adscribe a una estrategia gubernamental enfocada en incrementar la presión armada sobre las organizaciones ilegales. Datos de prensa indican que este corresponde al séptimo bombardeo avalado por la actual administración y al segundo que se ejecuta específicamente en el Catatumbo.
La doctrina de seguridad apunta a desestabilizar los mandos, las rutas de desplazamiento y las redes de abastecimiento de los grupos al margen de la ley mediante labores de inteligencia y ataques aéreos. No obstante, estas medidas ocurren en un contexto donde las estructuras armadas conservan capacidad de daño a través de aeronaves no tripuladas, atentados contra la Fuerza Pública y disputas por economías ilícitas.
La situación en el Catatumbo arrastra antecedentes críticos, agudizados desde enero de 2025 por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, desatando una emergencia humanitaria debido a la importancia estratégica de la zona por su frontera con Venezuela y el narcotráfico.
Organismos como la Defensoría del Pueblo han alertado sobre desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamientos ilícitos en la zona. Por ello, la ofensiva militar enfrenta el reto paralelo de garantizar una presencia estatal efectiva que proteja a la población civil, mientras se consolida la estrategia de seguridad nacional contra el narcoterrorismo.
