Un informe elaborado por el área de Seguridad de Empresas Públicas de Medellín (EPM) reveló que la compañía enfrentó una compleja crisis de orden público en el norte y el Bajo Cauca antioqueño, afectando de manera directa la operación del proyecto Hidroituango.
El documento, presentado ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en una sesión descentralizada en Medellín, detalla que entre agosto de 2025 y los primeros meses de 2026, el frente 36 de las disidencias de las Farc llevó a cabo ataques terroristas —como la colocación de cilindros bomba en las vías que conducen a la central— para presionar el pago de extorsiones.
“Las exigencias llegaron a $5.000 millones de entrada y $500 millones mensuales, con amenazas contra el Metro, el proyecto y la Alcaldía de Medellín”, indica el texto, el cual también advirtió sobre sobrevuelos de drones en la presa de Hidroituango y atentados dinamiteros contra torres eléctricas en Bello y Medellín atribuidos a la estructura al mando de alias ‘Calarcá’.
Ante este panorama, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, señaló tras un consejo de seguridad que las autoridades redoblarán los esfuerzos de vigilancia.
“En especial vamos a reforzar lo que es la seguridad de la infraestructura crítica en Antioquia y de todos los proyectos regionales que tiene la Gobernación durante lo que queda de este tiempo de nuestro gobernador y obviamente los alcaldes”, puntualizó el funcionario.
Otros frentes de riesgo para la compañía
El reporte de EPM, con fecha de finales de octubre, expuso además otras dos problemáticas críticas que amenazan la estabilidad institucional y operativa en la región:
- Zonas de Ubicación Temporal: La empresa advirtió que los espacios fallidos destinados al Clan del Golfo dentro de un proceso de paz sirvieron para que esta estructura criminal ampliara su dominio en el Bajo Cauca, imponiendo permisos para ingresar a veredas, reteniendo personal y expulsando cuadrillas de trabajo.
- Minería ilegal en el río Porce: Se detectó la presencia de dos campamentos con más de 120 personas a lo largo de la ribera, lo que genera un estrangulamiento del afluente y eleva el riesgo de deslizamientos y represamientos que comprometen la generación en las centrales Porce II y Porce III.
Extorsión por servicios públicos en Bello
En el Valle de Aburrá, la compañía manifestó su preocupación por lo que ocurre en el asentamiento de Granizal, ubicado en el municipio de Bello y limítrofe con el nororiente de Medellín —zona marcada por el trágico deslizamiento de junio de 2025 que dejó 27 fallecidos—.
De acuerdo con la empresa, facciones del Clan del Golfo estarían cobrando a los habitantes por el acceso a agua cruda y revendiendo el líquido potable, además de intimidar a conductores de carrotanques y líderes comunales que han intentado frenar las conexiones irregulares.
