El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel F. Briceño, respaldó públicamente el decreto emitido por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el cual moderniza el protocolo que regula la actuación de la fuerza pública en las movilizaciones sociales.
Mediante su perfil en la red social X, el congresista rechazó las críticas provenientes de sectores políticos opuestos, a los que señaló de difundir falsedades sobre el propósito de la iniciativa.
“La izquierda miente cuando dice que Abelardo de la Espriella y Rodrigo Lara quieren acabar con el derecho de protesta por el proyecto de decreto que actualiza el protocolo de intervención”, expresó el parlamentario.
Junto a su declaración, Briceño difundió una grabación en la que desglosó los aspectos centrales de la reglamentación. De acuerdo con el legislador, la finalidad de la directriz es “proteger la protesta pacífica, los derechos de los ciudadanos y tener reglas claras para la aplicación del diálogo”.
Detalles de la reglamentación
En el material audiovisual, el representante indicó las conductas que la normativa cataloga como violentas y que habilitarían una intervención específica de las autoridades. Entre estas situaciones figuran:
- El secuestro o retención de ciudadanos.
- La posesión o empleo de armas.
- Los ataques contra terceros.
- Los daños a la infraestructura pública o privada.
Para Briceño, estas especificaciones no suprimen las garantías de manifestación, sino que fijan parámetros para separar las expresiones pacíficas de los desmanes. Asimismo, enfatizó que el intercambio de palabras continúa siendo el mecanismo principal y que la Fuerza Pública actuará de forma focalizada contra los infractores sin afectar al resto de los asistentes.
Alcance de la modificación
La normativa impulsada desde la cartera del Interior ajusta disposiciones previas e introduce modificaciones clave, tales como la habilitación para que la Policía actúe de manera inmediata contra agresores —incluyendo a quienes atenten contra misiones médicas o periodistas— mientras prosigue el entendimiento con los manifestantes pacíficos.
Adicionalmente, la disposición fija criterios precisos para determinar cuándo se da por concluida la fase de diálogo y contempla la habilitación de corredores humanitarios para impedir la interrupción total y permanente de las vías.
Desde el Ejecutivo han resumido la filosofía de la medida bajo la premisa de “ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien destruye”. Por su parte, el jefe de la cartera política confirmó desde Cali que el nuevo articulado ya entró en vigencia.
