El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó en la noche del miércoles 19 de agosto el decreto que declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, durante 30 días, como respuesta al sismo del 10 de agosto de 2026.
De acuerdo con registros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el movimiento telúrico dejó 319 muertos, 4.469 heridos y 260 desaparecidos.
Alcance territorial de la emergencia
El decreto precisa que la medida aplicará en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. También se contempla extenderla a otros municipios, siempre que se demuestre una afectación específica producto del fenómeno natural y sus réplicas, especialmente en daños físicos.
El texto además ordena que el Ministerio del Interior presente al Congreso un informe motivado. Igualmente, dispone remitir el decreto al día siguiente a la Corte Constitucional y notificar su adopción a la ONU y a la OEA.
Con esta declaratoria, el Ejecutivo activó un régimen excepcional limitado en tiempo y territorio para atender la crisis.
Datos técnicos del sismo y réplicas
Según el decreto, el sismo tuvo una magnitud de 7,4, una profundidad de 103,4 kilómetros y se registraron 393 réplicas hasta las 6:00 a. m. del 19 de agosto.
La Ungrd reporta preliminarmente afectación directa en 15 departamentos y 471 municipios, con 30.803 viviendas destruidas y 136.946 con afectaciones. Se informan focos de emergencia en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.
El documento señala además 302 edificios colapsados y 3.513 centros educativos, comunitarios y de salud afectados. En infraestructura, se registran daños en 14 puentes peatonales, 58 puentes vehiculares, 449 vías, 105 acueductos, cinco aeropuertos y 18 bancos.
El decreto incluye cifras de población: 151.133 familias y 272.830 personas damnificadas en el país a nueve días del evento.
Advirtió que los números podrían aumentar debido a que el relieve montañoso, la dispersión rural, los deslizamientos y la pérdida de conectividad han dificultado la verificación en terreno.
Afectaciones en servicios, transporte y conectividad
Como consecuencia del sismo se reportan fallas en el suministro de agua potable, gas, acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones y energía eléctrica.
En el sistema eléctrico, XM indicó que la demanda no atendida llegó inicialmente a cerca del 18% a nivel nacional, pero para el 13 de agosto el restablecimiento alcanzaba el 97% en las regiones impactadas, quedando un 3% pendiente.
En transporte aéreo, el sismo afectó siete terminales: Cali, Pereira, Cartago, Armenia, Quibdó, Manizales y Buenaventura. En conjunto, esos aeropuertos movilizaron el 10,8% de los pasajeros del país en el primer semestre de 2026. El decreto agrega que aún persistían restricciones en Pereira y Cartago, debido a daños severos en su infraestructura, por lo que continuaban sin operar mientras se habilitan.
También se mencionan cierres y restricciones viales que afectan corredores usados para carga y abastecimiento. Los departamentos comprometidos aportan el 11,5% del abastecimiento total de alimentos del país, con peso especial en verduras, carnes, alimentos procesados, frutas, lácteos y huevos, lo que ha generado desabastecimiento en distintas regiones, sobre todo en el suroccidente.
Riesgos ambientales y costos económicos
En el componente ambiental, el Ministerio de Ambiente identificó riesgos asociados a escombros, residuos peligrosos, daños en sistemas hídricos, afectación de fauna silvestre y posibles impactos sobre áreas protegidas.
El pasivo de escombros se estima entre 1,5 millones y 2,4 millones de toneladas, en labores que ya iniciaron de forma detallada, con la expectativa de hallar rastros de vida.
El decreto indica que el desastre impactó vivienda, salud, educación, comercio, turismo, manufactura, agroindustria y servicios. Para el impacto económico preliminar se calcula, al menos, $30 billones, cerca del 1,8% del PIB. A la vez, una estimación del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ubica como más probable un rango de pérdidas entre USD 1.000 millones y USD 10.000 millones.
Respuesta del Gobierno y limitaciones fiscales
El Ejecutivo aseguró que ya activó medidas ordinarias, incluyendo la declaratoria previa de desastre nacional. Además, puso en marcha la respuesta humanitaria del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con evacuaciones, alojamientos, remoción de escombros y traslados de pacientes; también se ha priorizado la energía para servicios esenciales y se dispuso la suspensión de términos judiciales y tributarios.
Sin embargo, el decreto sostiene que esas herramientas son insuficientes por restricciones jurídicas, de tiempo y de recursos. Explica que ciertos obstáculos solo se superan mediante decretos con fuerza de ley en temas como presupuesto, contratación, crédito público, tributos, vivienda, salud, educación, transporte, justicia, servicios públicos y reactivación económica.
El documento aclara que la estrechez fiscal no causó la emergencia, pero sí limitó la capacidad de reacción del Estado. Entre otros datos, indica que el cupo anual de endeudamiento aprobado por el Congreso asciende a USD 17.273.146.933, mientras que la subcuenta principal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para la atención dispone de $47.265.782.863.
Por ello, el Gobierno prevé expedir decretos legislativos para habilitar nuevas fuentes de recursos, realizar reasignaciones presupuestales, aplicar alivios tributarios temporales, activar operaciones de crédito con trámites más ágiles, usar recursos del Sistema General de Regalías, ampliar Obras por Impuestos y disponer mecanismos extraordinarios con activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
