Se cumplió un año desde que el país conoció la crisis financiera de Canacol Energy, la segunda productora de gas natural del territorio nacional, la cual solicitó un proceso de insolvencia en Canadá. Doce meses después, la solución sigue estancada debido a la falta de una definición sobre si la compañía puede o no rescindir 15 contratos con sus compradores.
De acuerdo con información obtenida por medios periodísticos a través de fuentes vinculadas al caso, la falta de inversiones importantes desde el inicio de la contingencia ha provocado una disminución constante en el volumen de gas extraído de sus pozos. Aunque la empresa asegura que comercializa el 100 % de su capacidad actual de producción, sus compradores denuncian incumplimientos en lo acordado y acusan a la firma de intentar subir las tarifas.
Impacto en la industria y deudas acumuladas
Uno de los casos más graves es el de Cerro Matoso, cuya operación de ferroníquel se encuentra parcialmente detenida desde hace aproximadamente un mes por desabastecimiento de combustible.
Por otro lado, los pasivos de la compañía ascienden a más de 810 millones de dólares y continúan impagos. Entre los acreedores afectados figuran la DIAN, Promigas, tenedores de bonos y diversas empresas del sector petrolero.
El dilema de los contratos y la decisión en la Supersociedades
Mientras los consumidores rechazan la cancelación de los acuerdos, KPMG, entidad que monitorea la reorganización, advierte que sin dicha autorización no ingresará capital fresco para rescatar a la organización. A su vez, el Ministerio de Minas y Energía alertó sobre posibles alteraciones de orden público si el escenario no se gestiona adecuadamente, y trasladó la responsabilidad a la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades).
Ante las consultas de la Supersociedades, el Ministerio indicó que no aconseja permitir la anulación de contratos de suministro destinados a consumidores finales debido al déficit estructural del mercado y al riesgo derivado del Fenómeno de El Niño. Sin embargo, señaló que la terminación de los acuerdos comerciales de Canacol sí sería viable bajo ciertas condiciones, aunque no de forma inmediata.
El expediente permanece en manos de la Superintendencia desde antes de que Abelardo De La Espriella asumiera funciones, sin que hasta el momento se haya proferido un fallo definitivo.
Panorama complejo para el gas en Colombia
Esta demora agrava el suministro nacional de gas, marcado por una caída en la producción local que ha llevado al país a importar casi el 40 % de lo que consume mediante la planta Spec. En este contexto, el desenlace de la situación de Canacol resulta determinante para los hogares y las industrias nacionales.
Mientras se adelantan reuniones y audiencias con los actores involucrados con extrema lentitud, ciertos acreedores evalúan emprender acciones legales en el exterior ante la ausencia de respuestas.
En paralelo, la búsqueda de nuevos inversionistas avanza favorablemente, lo que ha motivado a un sector de los acreedores a mantener el respaldo financiero. Hasta la fecha, los fondeadores DIP han autorizado recursos por hasta 112 millones de dólares para sostener la operación mientras se concreta la llegada de un nuevo propietario, el cual tardaría entre nueve y doce meses en reflejar mejoras en la producción tras reactivar las inversiones.
