Ayer sesionó el Consejo Nacional del Arroz, presidido por la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Ortega, en medio de la actual crisis de comercialización que afecta al sector arrocero en Colombia. Sin embargo, la reunión concluyó sin llegar a un acuerdo sobre el incremento del precio que los molinos deben pagar a los productores.
La ausencia de representantes de los molinos marcó la jornada y limitó las posibilidades de tomar decisiones concretas. Entre las conclusiones destacadas del encuentro, se acordaron estrategias para mitigar el impacto de la crisis. Una de las principales propuestas fue racionalizar las áreas de siembra durante el primer semestre del año, ajustándolas a las necesidades de consumo para evitar una sobreoferta que pudiera desplomar los precios.
El Ministerio de Agricultura se comprometió a realizar, en un plazo máximo de ocho días, una caracterización de las áreas y volúmenes de producción en las zonas de riego que actualmente están en cosecha. Además, se anunció la reactivación de mesas técnicas de planeación, enfocadas en temas como fitosanidad, semillas, inocuidad, comercialización y exportaciones.
Uno de los temas críticos discutidos fue el control al ingreso de arroz ilegal al país. Según el ministerio, las autoridades aduaneras y el ICA ya están intensificando operativos, detectando recientemente arroz de contrabando en circulación. Respecto al mercado internacional, se informó que Venezuela solicitó 45 mil toneladas de arroz, pero el precio ofertado por Colombia ($1,000 por tonelada) no coincide con la oferta venezolana de $600, dejando en el aire cualquier negociación.
Finalmente, también se mencionó la posibilidad de revisar los tratados de libre comercio con la Comunidad Andina (CAN), como una alternativa para mejorar las condiciones del sector arrocero colombiano.
