La Contraloría General de la República identificó irregularidades por $160 mil millones en la adquisición de predios destinados a la Reforma Rural Integral (RRI), según los resultados de una auditoría realizada entre 2022 y abril de 2024. Este proceso, ejecutado por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, encontró graves fallos en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), afectando la implementación del Fondo de Tierras establecido en el Acuerdo de Paz.
Entre los principales problemas detectados se destacan:
- Predios con suelos inadecuados para producción agropecuaria: Más del 50% de algunos terrenos adquiridos tienen suelos de clase VII, prohibidos para actividades agrícolas según la Ley 160 de 1994. Incluso, un 30% de las superficies presenta humedales, haciendo inviables estos terrenos para los proyectos productivos previstos. Estas adquisiciones representan un posible detrimento de $43.306 millones.
- Ocupaciones ilegales: Ante la falta de control y custodia por parte de la ANT, predios destinados a comunidades campesinas fueron invadidos, ocasionando un daño patrimonial de $5.646 millones y dificultando el ordenamiento social de la propiedad en estas zonas.
- Retrasos en la entrega de predios: Solo el 18,5% de los predios adquiridos fueron registrados oficialmente y menos del 12% fueron entregados a la población campesina. Las comunidades indígenas y afrodescendientes han recibido incluso menos del 6% y 1% respectivamente. Esto ha generado un daño fiscal estimado en $110.322 millones, además de obstaculizar el desarrollo rural y el cumplimiento de los compromisos de paz.
La Contraloría anunció la apertura de una indagación preliminar y procesos administrativos sancionatorios por incongruencias detectadas en la información reportada por la ANT. La gestión inadecuada de estos recursos compromete la eficacia de la Reforma Rural Integral y afecta directamente a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que esperaban beneficiarse del acceso a tierras productivas.